La OCDE indica que la recaudación de impuestos en México equivale a 13.7% del PIB. En el resto de los miembros de esta organización internacional, el promedio alcanza 25%. Esto da una idea de cómo es el nivel de recaudación frente a la capacidad de producción nacional.
El actual debate en nuestro país se ha centrado en la viabilidad de más impuestos y la simplificación de los trámites para tributar, lo cual podría dar certidumbre a los contribuyentes cumplidos y por otro lado eficiencia al Estado para obtener recursos. En este sentido es necesaria una reforma hacendaria, pero así como la plantea el gobierno federal, la reforma contribuiría en solucionar parcialmente las debilidades estructurales que existen entre la tributación y el gasto. Basta referir datos de “México ¿cómo vamos?”, los cuales indican que 96.4% de los impuestos recaudados se obtienen a nivel central, 2.4% en el ámbito estatal y finalmente el 1.2% en el orden local.
Sugerir nuevos impuestos es una estrategia que pone entre la espada y la pared a los contribuyentes. Las intenciones gubernamentales de obtener mayores recursos en el corto plazo pretenden el financiamiento de prioridades en seguridad pública, educación y seguridad social.
El gobierno federal busca ampliar la recaudación con impuestos al ingreso, eliminando el IETU y el IDE y compensando con un impuesto único al ingreso empresarial. Asimismo, ha propuesto aplicar impuestos a las bebidas azucaradas, modificar impuestos en el valor de producción de Pemex, así como en la producción de combustibles fósiles; gravar las ganancias en la bolsa de valores, modificar sustancialmente los casos de exenciones y deducciones de los contribuyentes. En contraoferta, el gobierno compensaría con un apoyo a personas mayores de 65 años, así como con un seguro de desempleo.
Es este último el que actualmente representa un estira y afloja en manos del Congreso, pues la propuesta de reforma establece el financiamiento de seguro de desempleo mediante recursos obtenidos de la aportación del patrón, equivalente a 3% sobre el salario del trabajador y sus rendimientos, así como del subsidio que pague el gobierno federal; esto es: 2% se depositará en la subcuenta mixta y 1% se acumulará en el fondo solidario. Por ejemplo, a la cuota de 5% que aportan los patrones al Infonavit, se le restará 3% para financiar el seguro de desempleo. La condición para recibir la prestación es que el beneficiario deberá estar por completo desempleado, sin ningún otro ingreso extra y cabe aclarar que dicho seguro sólo podrá recibirse por seis meses y en una ocasión por cada cinco años.
La disyuntiva en el Poder Legislativo ha sido que esta medida, aun cuando favorece a quien pierde su empleo, resulta peor al modificar el uso de la subcuenta mixta a que tiene derecho todo trabajador, y que involucra su fondo de ahorro para el retiro y su crédito para vivienda. Según un estudio realizado por diputados y senadores, datos del Infonavit señalan que un crédito de 210 mil pesos, se cubre con pagos puntuales en 12 meses. Con la modificación por seguro de desempleo, el plazo será hasta 30 meses con una deuda mayor a 350 mil pesos.
El referente de Seguro de Desempleo es el que ya otorga el Gobierno del Distrito Federal, que, a decir de Carlos Navarrete, quien esta semana presentó su renuncia como titular de la Secretaría del Trabajo capitalina, a diferencia de lo que pretende el gobierno Federal, en el DF el seguro se financia con impuestos de los trabajadores y el gobierno de la ciudad, otorga parte de esos recursos a personas despedidas. La cuota de apoyo es de $1,942 al mes, por seis meses.
¿Por qué cuando el gobierno habla de medidas para incentivar a las empresas y fomentar el empleo —hasta formó un instituto para impulsar a emprendedores y el autoempleo—, se ve en la necesidad de alterar la única garantía del trabajador para obtener un recurso al culminar su vida laboral? Si realizaran una consulta ciudadana, seguro el trabajador preferirá sumarse a programas serios de ahorro personal, antes que perder la oportunidad de un crédito para vivienda.
Académico de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro