En México seis de cada 10 personas que están ocupadas son informales. Lo anterior de acuerdo a un reciente documento dado a conocer por el Inegi con nuevas estadísticas respecto a la medición de la informalidad. Estas estadísticas amplían las hasta ahora publicadas como “ocupación en el sector informal”, el cual se define como el conjunto de unidades económicas que se dedica a la producción de bienes y/o servicios para el mercado operando a partir de los recursos de un hogar y sin llevar los registros contables básicos, siendo éstos negocios en pequeña escala, a un concepto “llamado empleo informal”.
Ahora bien, un lugar común es plantear que los empleos informales son de mala calidad, que no son productivos, que se ejercen en condiciones precarias, sin protección ni derechos, generalmente con salarios bajos y sin ningún tipo de estabilidad, de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Ciertamente estas condiciones tienden a comprobarse en múltiples casos sobre todo en el ámbito agropecuario y en el ambulantaje, pero no necesariamente en actividades que sólo no están registradas como contribuyentes o en el trabajo doméstico. Se ha planteado con atino, que la informalidad es la salida que la gente (principalmente jóvenes y mujeres), encuentra para insertarse en el mercado laboral pues las reglas actuales del mercado formal les impide participar de manera efectiva. El mercado laboral formal actual, incluso con las reformas recientes, está diseñado para funcionar en una realidad económica donde es relativamente fácil crear empresas y mantenerlas en el largo plazo porque existe un mercado sólido y se tiene acceso a financiamiento y condiciones regulatorias competitivas. Situación que no contiene la economía real del México de hoy, por lo que se requiere adaptarlo.
Una de las realidades más significativas que inhiben el desarrollo de un mercado laboral formal es el actual sistema recaudatorio, que por lo intrincado que resulta provoca que muchas empresas prefieran refugiarse en la informalidad, tal es el caso por ejemplo del IETU que solamente ha generado problemas para la administración de las empresas, sobre todo las pequeñas, y no ha demostrado ser un impuesto de importante capacidad recaudatoria.
En este contexto, los impuestos al consumo resultan más eficientes dado la transparencia de su recaudación, caso del IVA, que como se ha planteado en varios estudios y propuestas, si se generaliza a un tasa unificada se lograría que toda la población pague impuestos al momento de su consumo, es decir, tanto los trabajadores formales de la economía, quienes cargan actualmente con la recaudación fiscal, como los informales que si bien no contribuyen vía los tributos al ingreso, si lo hacen vía el consumo. Según algunas estimaciones, la generalización del IVA podría contribuir de inmediato con medio punto porcentual del PIB a los ingresos tributarios, cabe señalar que la recaudación por este impuesto actualmente equivale a poco más de 4.4% del producto.
El caso del acceso a la seguridad social es otro mito que se ha formado alrededor del empleo informal. Si bien es cierto que una de las definiciones más generalizadas de informalidad es la que refiere al no acceso a los esquemas de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE, ello no implica que no se tenga cobertura por parte de los sistemas de salud establecidos. Actualmente existen dos esquemas que suplen la condición de no acceso formal a la seguridad social: Oportunidades y el Seguro Popular.
Sin embargo, ambos programas se subsidian con impuestos generales, a los que no todos contribuyen, empezando con los trabajadores informales, y si a esto le agregamos que las cuotas que se cobran a los trabajadores y a las empresas del sector formal para financiar a las instituciones de seguridad social —lo que en la práctica se traduce en impuestos al trabajo que llegan a alcanzar hasta 35% del salario de un trabajador— nos encontramos ante un incentivo poderoso para engrosar la informalidad. Ante estas cargas no es de extrañar que se esté fomentando un tipo de informalidad en donde el trabajador, si bien presta servicios en un establecimiento del sector formal no es reconocido ante la seguridad social, por el sistema de contratación temporal bajo el que labora, por lo que recurre a la protección del seguro popular. En este contexto, el planteamiento del nuevo gobierno de crear un sistema de seguridad social universal que beneficie por igual a los trabajadores, sin importar si es asalariado o no, y financiarlo a partir de la implementación de impuestos generalizados eliminaría la condición de inseguridad social que conlleva el empleo informal.
El redimensionamiento que ha presentado el Inegi sobre el tamaño del empleo informal en nuestro país, nos ha llevado a reflexionar sobre los mitos y realidades de la informalidad. Si bien es cierto que la ocupación informal es una válvula de escape ante las precarias condiciones que la incertidumbre económica de los últimos años ha provocado, también es resultado en gran medida de un bajo desarrollo del mercado interno y de condiciones anticompetitivas y de exceso de regulación a las que el tejido empresarial se enfrenta. Es necesario que se reformen las condiciones del mercado laboral a fin de que éste permita un desarrollo altamente productivo del empleo, independientemente de la modalidad en que se genere ingreso y se contribuya a la recaudación fiscal, lo importante es contar con una ocupación que incentive el desarrollo social y humano.
* Presidente de Consultores Internacionales