La propuesta de recortar los sueldos y prestaciones de altos mandos del sector público va a generar una ola de amparos, dijeron expertos.
El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que ganará 108 mil pesos mensuales cuando entre en funciones y que ningún servidor público puede ganar más que él.
Esta medida puede afectar a 35 mil funcionarios que perciben más de 108 mil pesos, particularmente aquellos que trabajan en el Poder Judicial, Pemex y Hacienda.
La asesora y consultora de derechos humanos laborales, Patricia Juan Pineda, explicó que los altos directivos se pueden amparar frente al recorte salarial; sin embargo, dijo que en las instancias autónomas es donde existe mayor posibilidad de que suceda por sus características y porque tienen otra fórmula de trabajo.
Miembros del futuro gabinete presidencial prevén la posibilidad de que se genere dicha ola.
“Podría venirse una cantidad de amparos precisamente, y a lo mejor procedentes, pero buena esta es su intención. Lo que [Andrés Manuel López Obrador] dijo es: ‘Si aceptan estar en la administración de mi presidencia, por supuesto tendremos que tener austeridad republicana’. Es una de sus principales banderas”, dijo Olga Sánchez Cordero, eventual secretaria de Gobernación en una entrevista para Grupo Fórmula.
Los casos más emblemáticos son los consejeros de la Judicatura Federal, los ministros de la Corte, así como los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya percepción bruta es 95% superior al sueldo del presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos 2018.
“Es una burla que los ministros de la Corte reciban los salarios que ganan y tengan los privilegios que tienen, y van a ser los primeros que se van a proteger”, opinó.
“Hay que ver qué pasa con el Poder Judicial, si va a considerar el nuevo escenario, pero la posibilidad de amparar está ahí, nadie les puede quitar el derecho al pataleo”, agregó la asesora.
También están los directivos de otros organismos autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, entre otras dependencias de la administración federal, como Pemex y la Secretaría de Hacienda, donde los sueldos de sus principales mandos rebasan el sueldo previsto para el futuro mandatario.
“Habrá muchos funcionarios que puedan ampararse, cada vez que hay un cambio de administración hay gente que sale y recurre al amparo, pero eso tiene que ver con los contratos que se les dieron, la manera en que ingresaron al servicio”, comentó Suny Villa, coordinadora de gasto público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
Personal de confianza.
La mayoría de los altos mandos son personal de confianza, por lo que es difícil que se vayan a amparar, debido a que de alguna manera siempre han estado al margen de la ley y siempre se han conducido en sus condiciones laborales al margen de todo, detalló la asesora.
El director de Inteligencia Pública, Marco Cancino, dijo que es muy probable que haya una salida masiva de personal de la administración pública, sobre todo los asimilados a salarios que son los que ganan ingresos grandes y que no les va a ser rentable mantenerse por sueldos bajos.
El recorte deberá eliminar las simulaciones salariales que existen, así como las estructuras paralelas que sólo inflan el costo de la nómina gubernamental, agregó.
La percepción de los funcionarios está compuesto por un salario base, que por lo general es muy bajo, y por las llamadas compensaciones garantizadas, cuyo monto puede duplicar o triplicar el sueldo, explicó.
Otro tipo de simulación son los honorarios asimilados a salarios, en el cual la mayoría de las personas tampoco tienen prestaciones sociales.
Son estas estructuras las que se tienen que revisar en qué se va a recortar, no solamente en los sueldos, concluyó el especialista.
