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Desde que se discute en todo tipo de círculos la necesidad de concretar las llamadas reformas estructurales, y a partir de la firma del Pacto por México, el Poder Legislativo, considerando senadores y diputados, así como las legislaturas locales, ha tomado un papel protagonista, ya que es a través de esta instancia del Estado Mexicano, que se da el primer paso firme en la instrumentación de tales reformas.
Varias implican modificar la propia Constitución y una serie de normas secundarias, en una a veces enredada consecución de disposiciones legales, entre Códigos, Leyes y Reglamentos. Lo anterior, en múltiples ocasiones vuelve tardado el proceso, máxime cuando la carga de la agenda legislativa se va incrementando en función la prioridad que se da a las iniciativas, tanto las que han quedado pendientes de pasadas Legislaturas como las nuevas que se van acumulado.
Entre las varias reformas de legislaturas pasadas que aún no terminan por ser aprobadas, encontramos la reglamentación de las candidaturas ciudadanas y otras figuras establecidas en la reforma electoral de 2012 y las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, amén de las correspondientes a la reforma en telecomunicaciones. De igual forma, al inicio del sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso iniciativas en materia de combate a la corrupción y transparencia buscando modificaciones a la estructura de gobierno, desapareciendo la Secretaría de la Función Pública por la Comisión Nacional Anticorrupción y las relativas a la transparencia y autonomía al IFAI y la reducción de fueros.
También hay que contabilizar las legislaciones secundarias de la reforma educativa, la primera gran reforma de la presente legislatura que, ya sobre los tiempos para su aprobación, recién se han presentado las iniciativas correspondientes. Lo mismo ocurre con la Financiera que incluye modificar 825 artículos de 34 leyes relacionadas, así como las incluidas en el Pacto por México, cuyos 95 compromisos han implicado múltiples adecuaciones legislativas. Entre ellas, destacan la creación del nuevo Código de Procedimientos Penales, leyes que eviten el sobreendeudamiento de estados y municipios, la Ley para Explotación Minera y una nueva reforma político-electoral.
Esta última, aunada a la de 2012 —que aún tiene pendiente reglamentar las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana y la consulta popular—, incluye la creación de una autoridad electoral nacional, la Ley de Partidos orientada a la reducción y transparencia de gasto, disminución de topes de gastos de campaña, revisión de tiempos oficiales de radio y TV y la prohibición uso y entrega de utilitarios, así como la reforma política del DF.
Es evidente la agenda sobre cargada de ambas Cámaras del Congreso. Hay mucho trabajo por hacer y en varios casos poco tiempo, ya que las reformas constitucionales incluyen en sus transitorios fechas fatales para la aprobación de las leyes secundarias, las cuales se cumplen antes de que inicie el nuevo periodo de sesiones en septiembre próximo. Ello ha obligado a que se convoquen dos periodos extraordinarios, uno en julio y el segundo será este mes.
Ahora bien, este “empacho legislativo”, no sólo es producto de la multiplicidad de iniciativas que se tienen que procesar y analizar en las 56 comisiones ordinarias, 31 especiales y 4 bicamerales que tiene el Congreso, también ha influido lo álgido y muchas veces infranqueable de los debates y discusiones, que por intereses de grupo terminan en las indecisiones e impasses que han generado la famosa congeladora legislativa, donde se encuentran detenidos y sin miras claras de solución pronta. Recordemos que a este recurso, se le puso una pequeña salvedad con la figura de la iniciativa preferente, mediante la cual se aprobó la reforma educativa.
Es importante tener en cuenta esta situación, porque están en camino más reformas. Se está presentando la energética, que implicará debatir, analizar, procesar y conjuntar al menos 3 propuestas diferentes. La esperada Reforma Hacendaria, que consideramos básica y quizás la más importante porque la que la daría viabilidad a las demás. Y por supuesto, la discusión del paquete económico para 2014.
Esperamos que el debate sea de altura y que los intereses de la Nación y de los mexicanos se impongan a los personales o de grupo. Los protagonistas deben ser las Leyes y no los legisladores y de ahí la aplicación y vigilancia de dichas leyes: México debe consolidarse como un país de legalidad.
Reiteramos, el primer paso es contar en tiempo y forma con la legislación necesaria, el segundo y más importante es cumplir y hacer cumplir el marco normativo; sólo así México logrará dar un paso hacia la modernidad.
* Presidente de Consultores Internacionales, S.C.
