La resolución de la Corte responde a las solicitudes contenidas en los objetivos del documento de renegociación del TLCAN emitidos por Estados Unidos; sin embargo, deja temas pendientes, dijo Jorge Bravo, analista de MediaTelecom Policy and Law.
“La USTR [Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos] pide un regulador independiente y tarifas de regulación aceptables, pero lo que está de fondo son lo que considera decisiones discrecionales en temas de espectro como las bandas de 2.5 GHz y 700 MHz y allanar el camino para que entre otro operador a competir contra América Móvil, que pudiera adquirir a un operador como Telefónica México”, destacó Bravo.
La decisión es ambivalente para la USTR porque la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es respaldada, pero no así el ajuste tarifario en interconexión, “porque les genera un costo a operadores como AT&T y cualquier otro que quiera incursionar.
“Compromisos seguros para proporcionar un acceso razonable a la red para proveedores de telecomunicaciones, a través de la interconexión, acceso a instalaciones físicas y recursos escasos”, indica el documento de la USTR.
Y agrega que se debe promover la oferta competitiva de servicios de telecomunicaciones, facilitando la entrada en el mercado a través de una regulación transparente y un regulador independiente.
La Suprema Corte de Justicia amparó a Telcel respecto a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene las atribuciones para fijar tarifas de interconexión que le pagarán el resto de las empresas de telefonía fija y móvil.
Las últimas cifras del regulador estadounidense, FCC, a 2014, indican que México es el segundo mercado que recibe el mayor número de llamadas facturadas desde Estados Unidos con 23.7%.
Llama la atención que en 2013 México era el primer mercado de intercambio de llamadas para Estados Unidos con 22.6%.
En 2013, AT&T incursionó en el mercado mexicano con una oferta agresiva que disminuyó precios al usuario final e incluyó ofertas con cobertura en México, Estados Unidos y Canadá.
En su opinión sobre la decisión de la Corte, AT&T señaló que invirtió en México confiando en el respaldo público que recibieron las reformas constitucionales y legislativas de telecomunicaciones.
“A dos años de nuestra llegada, aún enfrentamos a un operador dominante que tiene cerca de 65% del mercado”, destacó la empresa estadounidense.
Más allá de los temas que preocupan a Estados Unidos, Abel Hibert, experto en telecomunicaciones de la Universidad Metropolitana de Monterrey, dijo que se deben considerar temas como lo puntos de intercambio de internet y el tráfico de datos que se genera en México y pasa por los servidores estadounidenses.
Por otra parte, Jorge Fernando Negrete, analista en telecomunicaciones, dijo que la decisión del Poder Judicial beneficia a todos los mexicanos, al Estado de derecho y evita la corrupción legislativa a la que se vio sujeta la reforma.
“La Corte fortalece el Estado de derecho en el sector, los derechos fundamentales de los usuarios al garantizar salud financiera de los operadores y con ello acceso a servicios de telecomunicaciones eficientes que la Constitución reconoce”, destacó.
Negrete señaló que este resultado brinda al IFT una dimensión jurídica mayúscula por lo que “tiene la responsabilidad de ser más y mejor ente regulatorio, fuera de la presión política, si la Corte aguantó, el IFT debe aguantar más la presión política y mediática”.