La inversión es parte sustancial del motor del crecimiento, y para evitar que se vea afectada debe minimizarse la aplicación de impuestos denominados como distorsionantes, es decir aquellos que alterar el desempeño de la economía y las decisiones de las empresas, inversionistas y familias.
No se debe olvidar que uno de los más distorsionantes es el impuesto sobre la renta (ISR). Si merma la inversión difícilmente se podrá incrementar la productividad. La capacitación, innovación tecnológica, escalamiento de las pequeñas y medianas empresas y el acceso a insumos intermedios, entre otros elementos necesarios para la elevar la productividad dependen de que se tenga la capacidad de incrementar la inversión, fundamentalmente la que llega a todos los sectores productivos de la economía: la privada.
De acuerdo al Programa para Democratizar la Productividad (PDP) 2013-1018 este coordinará las acciones de gobierno encaminadas a llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que limitan el potencial productivo de los ciudadanos y las empresas; incentivar entre todos los actores de la actividad económica el uso eficiente de los recursos productivos; y analizar integralmente la política de ingresos y gastos públicos para que las estrategias y programas del gobierno induzcan la formalidad.
Tal como postula el PDP es adecuada la eliminación de los obstáculos que limitan el potencial productivo. La razón radica en que si las empresas no tienen la capacidad de invertir en nueva maquinaria y equipo, en construcción, en generar desarrollo tecnológico y en capacitar a su recurso humano, difícilmente se podrá propiciar un mayor crecimiento económico en México. De hecho así lo reconoce el PDP: La producción de bienes y servicios de una economía es el resultado de los factores de producción que utiliza como insumos –el factor trabajo, el acervo de capital, la tierra y otros recursos naturales—así como de la eficiencia con la que hace uso de ellos, a lo que se conoce como productividad total de los factores. Por consiguiente, el bajo crecimiento económico de México podría ser resultado de una lenta acumulación de factores, explicada, por ejemplo, por bajos niveles de inversión en capital humano o en maquinaria, equipo e infraestructura.
Para el caso de la economía mexicana la mayor parte de la contribución al crecimiento proviene del sector privado. Para el 2012 el INEGI reportó que el consumo privado fue del 67% del PIB. En el caso de la inversión la parte privada fue 76.4% de la total (16.8% del PIB) y la pública sólo 23.6% restante. Evidentemente que ello señala dos cosas: primero que se debe elevar la inversión pública, pero que para ello no se puede afectar la inversión privada, el verdadero motor del crecimiento económico del país.
Por tanto el primer elemento a considerar es la reducción de la informalidad para evitar que la productividad siga disminuyendo. En este punto si bien la Reforma Hacendaria contempla algunas medidas generales para hacerlo, en realidad no las ataca de manera decidida.
El aumentar la carga del Impuesto Sobre la Renta (ISR) empresarial puede restringir los incentivos de las empresas para formalizarse y con ello para generar empleo de calidad y que otorguen prestaciones sociales a los trabajadores. No puede olvidarse que una de las estrategias del PDP es Implementar una mejora regulatoria integral que reduzca las cargas excesivas que afectan la creación y el crecimiento de empresas formales, para lo cual es indispensable limitar los impuestos distorsionantes y que inhiben la inversión.
La potencial falta de consistencia entre los objetivos de los planes del gobierno federal y la reforma hacendaria provocaría una desaceleración mayor a la que estamos viviendo.
En juego está la inversión y el empleo, cadena que conduce al bienestar de la población. Si el gasto de gobierno no es eficaz la afectación sería considerable.
* Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.