La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) iniciará una investigación de oficio por presuntas prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicios al público de transporte aéreo de pasajeros o de carga con origen y destino en el territorio nacional.

Lo anterior se dio al detectarse irregularidades entre las empresas que ofrecen esos servicios, que incurrieron en contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto fue la manipulación de precios, restricción de la oferta o demanda, segmentación de mercados, coordinación de posturas en licitaciones e intercambio de información.

Como algunas de las conductas se realizaron antes de que se publicara la nueva Ley Federal de Competencia Económica la Cofece aseguró que el procedimiento se efectuará con fundamento en el artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica del 24 de diciembre de 1992 y con base al artículo 53 de la legislación que se publicó el 23 de mayo de 2014.

La Cofece advirtió que este es solamente un “procedimiento indagatorio” y no existe prueba de una violación ni tampoco se han determinado culpables, según publicó en el Diario Oficial de la Federación.

“En caso de existir elementos suficientes para sustentar la actualización de contravenciones a las mismas, se procederá” a las sanciones que marca la ley y que podrían consistir en inhabilitación de hasta cinco años para ejercer como directivos y multas hasta por 200 mil veces el salario mínimo a aquellas personas físicas que hayan participado en la conducta en representación de un agente económico, multas de hasta el equivalente al 10% de los ingresos del agente responsable y de hasta 180 mil veces el salario mínimo a quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la comisión de las prácticas.

Existe también la posibilidad de cinco a 10 años de prisión para aquellas personas físicas que participen en la celebración, ejecución o acuerdos entre competidores.

La Cofece tiene un mínimo de 30 días hábiles, que pueden extenderse hasta 480, para desahogar la etapa de investigación en los casos de probables violaciones a la ley.

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