Debido a que la corrupción en América Latina sigue siendo excesiva y puede atrofiar el crecimiento, se requieren políticas enérgicas para que sea la excepción y no la regla, dijo el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En un reporte publicado en Diálogos a fondo del organismo, escrito por el primer subdirector gerente del FMI, David Lipton; el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, y el economista de esa área, Carlos Goncalves, que plantea un balance de la corrupción en la región, se estima que si se mejoran los indicadores puede aumentar el ingreso per cápita de la población más desprotegida en aproximadamente 3 mil dólares a mediano plazo.
Se mencionan los casos más sonados en América Latina, en particular de los ocho ex gobernadores estatales en México que enfrentan cargos o condenas.
También se señalan los escándalos de Petrobras y Odebrecht que trascendieron las fronteras de Brasil, y los esquemas utilizados para ocultar activos que fueron denunciados por la investigación Panama Papers.
“Las consecuencias económicas y políticas de la corrupción han pasado factura a la región, y los ciudadanos de América Latina están mostrando un creciente descontento y exigiendo que los gobiernos tomen medidas más enérgicas contra la corrupción”, advirtieron.
Al hacer un comparativo de este fenómeno en Latinoamérica y en otras regiones se ponderó que todos los indicadores apuntan a que esta situación en América Latina es más o menos similar a la de otros países emergentes, pero es mucho peor respecto a economías avanzadas.
Con excepción de Chile y Uruguay, que salen bien calificados en los indicadores de institucionalidad y buen gobierno, el resto de la región no, debido a factores como una deficiente aplicación de la ley, falta de transparencia fiscal, burocracia, vacíos jurídicos y marco contractual deficiente en las contrataciones e inversión pública, y una mala gestión de empresas de gobierno.
Además, no se puede hacer un seguimiento de las mejoras conseguidas porque algunos indicadores no son totalmente comparables en el tiempo.
Los costos. Según el reporte, hay estudios que demuestran que la corrupción puede atrofiar el crecimiento sostenible e inclusivo.
Si es sistémica, se mina la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones básicas, y los costos adquieren una dimensión macroeconómica importante.
Se advierte que a mayor grado de corrupción se amplía la desigualdad debido al menor suministro de bienes públicos en perjuicio de los más pobres, niveles altos de desconfianza en la sociedad y gobiernos con baja legitimidad, lo que genera mayor incertidumbre económica y menor inversión privada y del extranjero.
El reporte considera que no todo está perdido, pues aunque las encuestas revelan que la paciencia de la gente se agota al ver tanta corrupción, los gobiernos tienen una oportunidad.
Pueden formular y aplicar una estrategia coherente para combatir este fenómeno pese a que se vea como una tarea difícil, ya que basta con voltear a ver lo que ha pasado en el tiempo, es decir, aprender de la experiencia acumulada en el plano nacional e internacional, misma que ofrece ideas y pautas para atacarla, para lo cual se requiere de la participación de toda la sociedad.
“La lucha contra la corrupción es un problema de acción colectiva que tiene dimensiones políticas. Los esfuerzos aislados probablemente no surtirán efecto, y lo que se necesita es un impulso decisivo de varios frentes”, señalaron los autores.