Se confía en que las reformas estructurales, particularmente la energética, permitirán alcanzar una capacidad potencial que genere un crecimiento del 5% al final de la presente administración. El problema es que ello depende de que la inversión privada no disminuya, que por el contrario se incremente, así como también, de que el gasto de gobierno sea realmente productivo.
Adicionalmente se tiene la condicionante de que la inversión esperada por las reformas no llegará de manera directa a todos los sectores y cadenas productivas que ya han disminuido su ritmo de inversión. Por lo tanto, habrá industrias que no recibirán los potenciales beneficios de las reformas sino hasta dentro de tres o cinco años, un tiempo demasiado largo para quienes hoy enfrentan problemas financieros.
Durante el primer trimestre del año la proporción de la inversión privada nacional aumentó a 82% después de que en 2013 fue de 80%. De hecho la cifra alcanzada en 2014 es la más elevada desde 1993. Ello refleja el compromiso de las empresas con el país.
No obstante, lo anterior refleja un problema importante: ello no se da como producto de un proceso acelerado de inversión, financiamiento y crecimiento económico, sino provocado por una reducción de la participación pública.
Ello se dio aun con un aumento en los impuestos. Lo anterior implica que existen menos recursos en el sector privado para invertir y consumir, y una mayor cantidad de los mismos para que el sector público gaste, sin embargo ello no necesariamente ha implicado mayor crecimiento económico.
En una primera instancia podría pensarse que hay un cierto grado de sustitución entre ambos tipos de inversión, sin embargo ello no es del todo correcto, en realidad la parte pública no cubre a los sectores productivos a los que las empresas privadas canalizan sus recursos. La reforma hacendaria ha propiciado una trasferencia de recursos de los sectores productivos hacia la hacienda pública y de ahí a otros en donde la productividad es menor y que terminan por reducir la capacidad generadora de riqueza de México.
Elevar impuestos y modificar el marco tributario para aumentar la captación de ingresos del sector público está dando resultados positivos si la evaluación se realiza en términos de finanzas públicas de corto plazo. No obstante cuando la revisión se realiza en función del crecimiento económico y de los fundamentos del mediano y largo plazo se puede observar que ello no es sustentable, ¿por qué?
Se ha profundizado la transferencia de recursos de empresas formalmente establecidas, muchas de las cuales son las más productivas del país, hacia la hacienda pública. La informalidad sigue sin cumplir con todas sus obligaciones fiscales. Las cifras de inversión y crecimiento muestran que ello se está mermando la capacidad potencial de la economía, un efecto que prevalecerá en los años por venir.
La contribución al crecimiento económico del gasto público no cubrirá lo que el sector privado está dejando de ejercer, básicamente porque más del 80% de la inversión del sector público va a construcción, su incidencia no llega a la maquinaria y equipo con la que se produce la mayor parte de los bienes y servicios del país. Además, la construcción representa el mejor ejemplo de como el valor agregado del gasto público es muy bajo: el programa de gasto ejecutado en el primer trimestre no fue suficiente para que el sector creciera, en realidad exhibió una contracción de (-) 3.3%.
La razón se encuentra en que la inversión privada también cayó. Sin rentabilidad los proyectos privados no tienen viabilidad, un aspecto que no necesariamente es un factor para la inversión pública.
Hasta el mes de junio la economía continúa mostrando un letargo preocupante, y el gasto público no fue factor de crecimiento, ello debe revertirse y la única forma de hacerlo es a través de la inversión privada, la más productiva del sistema económico mexicano.
*Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.