La información publicada por el Inegi confirma que no se deben subestimar las lecciones de la economía. En las administraciones públicas pasadas se pensó que la desaceleración de 2001 y 2008 serían transitorias y se decidió encaminar los esfuerzos a otros aspectos que se consideraban más estratégicos. El resultado fue un estancamiento y una recesión que propiciaron un crecimiento promedio inferior al 2.5% para los dos sexenios.
Para el primer año del actual gobierno la economía nacional registró el menor crecimiento desde el año 2009. Aún más, tomando en consideración los últimos veinte años, la cifra del PIB de 2013 solo supera a lo registrado en periodos recesivos: la contracción de 2009, la caída de 1995, el retroceso de 2001 (-0.6%) y el magro aumento del 2002 (0.1%).
La nueva administración optó por privilegiar la negociación y aprobación de las llamadas “reformas estructurales”, se dejó de lado el aviso que el mercado interno y la economía de Estados Unidos transmitieron desde mediados del 2012: una debilidad estructural del mercado laboral que provoca pobreza y una desaceleración de la industria norteamericana. Hoy las reformas están aprobadas, y se está negociando la parte secundaria de las mismas. Sin embargo el magro crecimiento ya tocó la puerta de la industria y comercio nacional, por lo que la carrera contra el tiempo comenzó para evitar una desaceleración mayor. El gobierno estima que con un mayor gasto público podrá generar un crecimiento cercano al 1.6%, por lo que el sector privado tendrá que contribuir con otro 2.3% para alcanzar el objetivo de los planes de gobierno.
La desaceleración de la economía, la inflación, el cambio en el marco fiscal, la inseguridad y la mayor volatilidad de los mercados financieros internacionales son escollos que deberán sortearse para evitar que se repita un año de bajo crecimiento que trastoque el desarrollo del país.
Serán necesarias políticas públicas adicionales de coyuntura y estructurales que lo hagan, de otra manera la inercia que heredó el año pasado afectará el desempeño productivo y la generación de empleo en México.
Para el 2013 el incremento del PIB fue de solamente 1.1%, una cifra inferior al 3.5% estimado en los Criterios Generales de Política Económica para dicho año. Evidentemente que la diferencia tuvo implicaciones importantes sobre aspectos estratégicos para el bienestar social, fundamentalmente a través del empleo.
En los resultados del año pasado influyeron dos problemas estructurales: la debilidad del mercado interno y la precarización de los sectores industrial y de servicios.
El primero se sintetiza por la debilidad del mercado laboral y el aumento de la pobreza. El segundo por la crisis que vive el sector de la construcción y el bajo valor agregado que genera la economía.
La reforma laboral aprobada en 2012 no contó con un marco de crecimiento económico adecuado para generar el empleo formal que se esperaba, en realidad el modesto desempeño del aparato productivo determinó que solamente se registraran 463 mil nuevos empleos ante el IMSS. De acuerdo al INEGI más de 800 mil personas encontraron una ocupación que no les otorgó acceso a las instituciones de salud, lo cual llevó el total a casi 32 millones. Dado que existió un aumento en indicadores de precariedad laboral como la informalidad y la ocupación en situación crítica, lo que puede inferirse es que el bajo crecimiento económico exacerbó la debilidad estructural del mercado laboral. La confirmación de ello llegará cuando el Coneval publique las cifras definitivas del Indicador de la Tendencia Laboral de la Pobreza.
El mensaje del 2013 fue claro, si los cambios institucionales no aumentan la generación de riqueza y la distribución equitativa de la misma difícilmente se tendrán mejores resultados que los observados en los últimos 30 años. Ese es el verdadero desafío para las reformas estructurales aprobadas.
Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico
