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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció ayer una red de contrabando que introducía textiles por debajo del precio real a México y que causó un daño al fisco por evasión de mil 500 millones de pesos.
Se trata de una red organizada en la que participaron 53 proveedores de distintos países, principalmente de Asia, 31 importadores, 22 agentes aduanales y la creación de 113 empresas “fachada” para llevar a cabo estas prácticas ilegales, conocidas como subvaluación, que iban en perjuicio de la industria textil y de la economía nacional.
Significa que por este caso se involucraron 219 agentes económicos de México, Estados Unidos, Panamá, Islas Vírgenes, China, Singapur, Corea del Sur y Hong Kong.
La dependencia presentó la denuncia a la Procuraduría General de la República, e iniciaron acciones como el aseguramiento de cuentas bancarias, cancelación de sello para facturar y la baja del padrón de importadores.
En Palacio Nacional, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, explicó que entre junio del año pasado y junio del presente detectaron a 31 importadores que adquirieron mercancía subvaluada con los 53 proveedores.
Detalló que 55% del volumen importado de textil se compró por debajo de su precio real; 45% del volumen importando de vestido también se realizó en condiciones de subvaluación, lo que dio como valor declarado por esos bienes solo 216 millones de pesos.
De acuerdo con el funcionario esos 216 millones de pesos serían una séptima parte del valor de esa mercancía, comparado con precios globales.
“Hablamos de al menos una base gravable de mil 512 millones de pesos”, dijo el funcionario.
Añadió que 70% del producto subvaluado importado a México se realizó por 18 actores que tienen amparos otorgados por un juez de Mexicali y otro de Baja California.
“El 49% del producto importado subvaluado, en donde se presume la configuración de la evasión fiscal en prendas de vestir fue con personas amparadas, a la vez, por los mismos jueces; estamos hablando de los mismos actores que hoy tienen un amparo para internar al país bolsas, plásticos, juguetes, acero, vehículos y también prendas de vestir o textiles”, abundó Núñez.
El jefe del SAT reconoció que ahí detectaron que se estaban generando grandes utilidades y que había una participación de 22 agentes aduanales que prestaban sus servicios de despacho a los 31 importadores.
A su vez, los importadores, a través de subsidiarias intermediarias o empresas afines generaron las utilidades y las trasladaron a 113 empresas “fachada”, constituidas en México, donde se buscaba compensar el valor real de la materia prima o de la prenda de vestir contra el valor reportado en la aduana a los proveedores en el extranjero.
“El esquema permite usar 113 empresas fachada ordenantes del sistema financiero para transferir tan solo en el periodo de análisis mil 491 mdp hacia proveedores que en su momento ofrecieron mercancía por abajo del valor de mercado de la materia prima o del precio medio de producción.
“Con ello se cierra el ciclo de que la forma en que están recuperando o compensando el costo real con el costo declarado en aduanas, se obtiene a través de una simulación de gestión empresarial o de gestión de negocios con estas 113 empresas fachada”, dijo.
Aristóteles Núñez explicó que al revisar a esos negocios “fachada” encontraron que se tratan de empresas recientemente constituidas, o de personas físicas que acaban de iniciar operaciones, que no tienen ninguna vinculación comercial que justifique la transferencia al proveedor en el extranjero, que no declaran impuestos y que también no están localizados.
Aplican medidas
Las autoridades del país informaron que por este caso ya hay 154 personas físicas y morales denunciadas por la presunción de actos constitutivos de delito y que tienen relación con operación de recursos de procedencia ilícita.
Además, se ha asegurado a 85 empresas, principalmente agentes aduanales, importadores y ordenantes para impedir que el flujo de recursos sean asegurados y en su momento formen parte del patrimonio del país.
También se les dio de baja a involucrados del Padrón de Importadores, lo que significa que ya no podrán introducir más mercancías a México, incluso contra aquellos que se ampararon.
Otras medidas que efectuarán las autoridades son auditorías fiscales a los representantes legales, socios y accionistas de los 219 actores que se detectaron en esta red de contrabando y por la simulación de gestión empresarial, utilizando recursos de origen ilícito.
No habrá impunidad
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, dijo que el gobierno tomará acciones contra actividades delictivas que dañan la economía, la generación de empleos, inversión y crecimiento.
“Es una afirmación clara contra la impunidad, contra la impunidad que se convierte en una práctica que promueve la economía informal y la economía ilegal”, señaló.
Añadió que estas prácticas de contrabando técnico van contra la industria textil que crea 420 mil empleos.
“Y esos empleos, esta creación de valor, esta aportación a la economía que hace la industria textil y del vestido, se ve todos los días amenazada por la actividad ilegal; por la actividad que utiliza las debilidades y los subterfugios de nuestros sistemas de control e incluso aprovechándose de fallos del sistema judicial”, comentó.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, Moisés Kalach, reconoció la intervención de las autoridades, pues la ilegalidad de algunos agentes en ese ramo económico ha inhibido el crecimiento, la inversión, la creatividad y la moda.
“No más textiles y prendas que sean producto de la ilegalidad; no tendremos innovación y crecimiento sin un combate a la ilegalidad”, afirmó.