Es evidente que la amenaza potencial que enfrentan las empresas a causa de negocios ilícitos, muchas veces se descubre cuando se ha materializado y se inicia una investigación, ya sea por actos de corrupción u otro tipo de situaciones ilícitas, como son el mal uso de marcas, patentes, derechos de autor, falta de licencias de software, compra de productos falsificados o incumplimiento de leyes entre otros; los cuales afectan la libre competencia, dañan a toda la cadena de suministro y al entorno económico del país.
Uno de los impactos más costosos para la empresa es el daño reputacional que debilita la imagen de la marca y sus posibilidades de prevalecer en el mercado, ya que además del costo financiero, enfrentará graves consecuencias como son: multas, procesos legales, inhabilitación para participar en contratación gubernamental, acciones a la baja, deterioro en la relación con stake-holders, cancelación de contratos, créditos, pedidos; que en su conjunto ponen en peligro la continuidad del negocio.
¿Pero realmente se han dimensionado los impactos y el justo valor a este riesgo?
Cada vez son más las empresas que toman con seriedad este tema y deciden poner a salvo su integridad y su valor reputacional, basados en la confianza que es un indicador donde convergen todos los grupos de interés, y por tanto constituye una ventaja competitiva que atrae negocio, clientes, proveedores, socios, e incrementa el crédito comercial; cuyo impacto financiero debe cuantificarse en la evaluación de costo-beneficio.
Para ello un Programa de Cumplimiento (“Compliance”) combinado con un efectivo sistema de control ofrece un margen de certeza en el desempeño del negocio, apoyado con iniciativas como:
• Implementar un Código de Conducta que defina los principios éticos y las directrices claras de la conducta que se espera de los empleados.
• Una política de cero tolerancia ante cualquier acto de corrupción o negocios ilícitos.
• Asignar la responsabilidad del cumplimiento a todos los empleados y de supervisión a los mandos y directivos de la administración.
• Asegurar que las metas sean alcanzables bajo esquemas lícitos de actuación.
• Reforzar controles de negociación, gestión con gobierno, compras, gastos de representación, atenciones, donaciones, salidas de dinero; y evitar obsequios y partidas no comprobables.
• Asegurar el Due Diligence de proveedores, clientes, empleados y asociados para investigar referencias comerciales, detectar posibles conflictos de interés, y datos que refieran si han sido inhabilitados o involucrados en negocios ilícitos, etc.
• Auditar indicadores de cumplimiento en las áreas más sensibles e informar al Consejo.
• Contar con una línea de denuncia y definir sanciones basados en evidencia.
• La gestión de riesgo que integre: acciones preventivas, monitoreo con alertas tempranas y mecanismos de respuesta para mitigar impactos y asegurar la continuidad del negocio en caso que se materialice el riesgo.
Integrado desde la estrategia del negocio y con el apoyo de la autoridad máxima de la empresa, el programa debe contar con recursos y un equipo liderado por un experto que tenga la visión para diseñar alternativas de solución, todo ello dentro de un marco ético y de legalidad.
Muchos esfuerzos se han realizado tanto a nivel nacional e internacional, existen leyes, tratados e iniciativas contra la corrupción y negocios ilícitos, y buenas prácticas de negocio; sin embargo el riesgo está presente en el entorno y solo la posición determinada de cada empresa puede definir la forma ética de participar en el mercado. Un reto y una tarea de todos: empleados, accionistas, clientes, proveedores, socios y los que participamos en la cadena de suministro, incluyendo al consumidor final que tiene el poder de elegir.
La cultura ética es un tema de Responsabilidad Social que toma especial significado y marca la diferencia más allá del cumplimiento de regulaciones y reglamentos y del costo financiero; se puede reforzar implementando acciones individuales y colectivas con todas aquellos con las que tenemos vinculación para lograr un blindaje contra la corrupción y los negocios ilícitos y construir un futuro sólido y sustentable para nuestras empresas, para nuestras familias y para nuestro país.
Vicepresidente del Comité Técnico Nacional de Ética y Responsabilidad Social del IMEF angelica.morales@phss.mx
