Javier González (nombre ficticio) trabaja en un corporativo de espionaje. Su labor consiste en coordinar a investigadores encubiertos para lograr obtener información dentro de una empresa que tiene problemas de robo de mercancía, fuga de información, fraudes, acoso laboral, sabotaje a maquinarias o hasta delitos graves como asesinatos.
Los clientes de compañías de espionaje, relata, son cadenas de autoservicios, departamentales, almacenes, distribuidoras, empresas de transporte público, alimentos y call centers; la mayoría son grandes y reconocidos corporativos, pero Javier pide omitir sus nombres, así como el de él mismo.
Los servicios de espionaje son contratados en su mayoría por recomendación. Cuando una compañía está interesada en detectar qué empleado roba su mercancía o identificar a quien sabotea sus operaciones, contrata a la empresa de Javier y el costo de cada infiltrado ronda entre 10 a 15 mil pesos mensuales en promedio.
“El investigador recaba información y nos damos cuenta de quién es la persona que roba, entonces se hace una evaluación y se da una perspectiva al cliente de qué hacer. Las empresas que contratan nuestro servicio tampoco saben quiénes son los infiltrados para evitar que bloqueen su trabajo, sólo se les dice cuántos hay en su compañía.
“A los investigadores se les capacita para extraer la información, publicamos una vacante en el periódico para el puesto a ocupar en la empresa que se investigará y si la persona tiene experiencia en esos cargos pasa, necesitamos que haya estado en puestos similares y al final una sicóloga los trata y les dice cómo será la labor”, añade.
En México operan empresas dedicadas a la investigación privada como Detectives e Investigadores Privados Muriel, Selectiva, Inveprimex y Detectives Privados Incopri, que en algunos casos tienen relación con la World Association of Professional Private Investigators (WAPI). El contacto se realiza sólo por teléfono o en sus sitios web.
“Nuestra empresa cambia de ubicación cada tres o cinco años para evitar demandas legales, por esta razón es que también tienen distintas razones sociales ante Hacienda”, revela.
La investigación. De acuerdo con documentos y expedientes en poder de EL UNIVERSAL, el proceso de investigación de un espía consiste en obtener información básica sobre las relaciones, colusiones y acciones de los empleados que trabajan en el área específica de una empresa, para más tarde elaborar un reporte diario
“Los investigadores envían el reporte a través del correo electrónico, con los sucesos más importantes con respecto a seguridad, malas prácticas, sindicato, robo o el punto de interés de la investigación”, explica González.
El formato de un reporte, según constató este medio, incluye el nombre del investigador, empresa, horarios, puestos, turnos y fecha de elaboración. Se detalla hora de llegada a la compañía con eventos a destacar y acaba con la hora de salida, una cuartilla al día.
“Los investigadores asisten a una entrevista cada semana a nuestra empresa (el corporativo de espionaje) para corroborar los hechos. En el caso de investigadores foráneos, en el interior de la República, se programa”, añade.
Los reportes son entregados a los clientes (las empresas que contratan los servicios de investigación) para una retroalimentación, aunque en situaciones urgentes como robos, huelgas sindicales, colusión de guardias y de trabajadores, o accidentes, se informa de manera inmediata por teléfono.
Los salarios promedios para un investigador rondan los 8 a 9 mil pesos mensuales, indica González. Su sueldo se compone de dos partes: el dinero que gana dentro de la empresa que investiga, además del pago adicional que hace la empresa de espionaje.
“Nuestra empresa procura llegar al final de las investigaciones, pero cuando los que clientes quieren hacer algo contra la ley no accedemos. Algunos nos dicen que otras firmas si lo hacen, pero no me consta”, dice Javier.
Medio de protección. Gerardo Rodríguez Lara, profesor de seguridad nacional y coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), recordó que el espionaje privado ha existido desde el inicio del capitalismo moderno, pero se detonó en el siglo XX y ha aumentado.
“Las empresas para no meterse en problemas subcontratan compañías llamadas de inteligencia que pueden hacer investigaciones arbitrarias y también hay empresas ilegales que pueden hacer investigaciones ilegales, por eso no les gusta salir y venderse como empresas de espionaje”, explicó.
El marco jurídico que regula este tipo de actividades, comentó, son el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Seguridad Nacional, entre otras.
Iliana Rodríguez Santibáñez, investigadora del Tecnológico de Monterrey, consideró que una investigación ilegal puede violentar el entorno de seguridad de una firma, por lo que se debe mejorar la certidumbre jurídica de las empresas y reforzar códigos de ética.
“El crecimiento en el uso de internet y otros medios ha facilitado el espionaje industrial”, indicó.
