La deuda de los estados de la República Mexicana ha ido en aumento preocupantemente a partir de 2009, por ello el tema ha tomado relevancia desde entonces, y los reclamos entre los actores políticos y los ciudadanos por casos cada vez más graves en diversos estados, como el de Coahuila y Tabasco, han obligado al Poder Legislativo a abordar el tema.

A la fecha, el problema ha crecido y deudas como la de Tabasco, Sinaloa o Chihuahua dan referencia de lo que las medidas del Legislativo deberán atender, ya que en la mayoría de los casos el aumento de las deudas es una constante. En este escenario, la evaluación de las finanzas públicas de las entidades y municipios endeudados, así como la sostenibilidad de la deuda, pretende arrojar información importante que permita realizar acciones estratégicas para aminorar el problema, tanto económico como de desarrollo, en los futuros planes y programas que pretendan realizar los estados o municipios endeudados.

Con base en el reporte de la Auditoria Superior de la Federación, de agosto de 2012, el endeudamiento subnacional creció aceleradamente entre 2008 y 2011, de 203,070.2 millones de pesos (mdp) a 390,777.5 mdp. La explicación sobre dichas cifras exponen que un mayor déficit fiscal es resultado de la disminución de los ingresos ordinarios en términos reales, y la insuficiencia de éstos para cubrir el nivel de gasto y el servicio de la deuda.

Entre el cierre de 2011 y el primer semestre de 2012, la deuda pasó de 390,777.5 mdp a 404,409.5 mdp, con un aumento absoluto de 13,632 mdp, 2.7% real. Se advierte que si continúa el incremento acelerados de las obligaciones financieras, deberán aplicarse medidas urgentes de ajuste fiscal, de reestructura y refinanciamiento de la deuda, así como en una demanda de recursos federales que los apoye para solventar la carga financiera de sus pasivos y de la deuda pública.

Los orígenes de estas cifras son estructurales, porque en la mayoría de los casos tanto estados como municipios carecen de ingresos propios que alcancen para subsistir sus gastos (educación, salud o seguridad), con lo cual la deuda es uno de los caminos que suelen tomar para remediar el problema a corto plazo. Lo preocupante es que a partir de 2008 se ha identificado casos de deuda no registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Al mes de mayo de 2013, el monto de deuda de los estados de la República mexicana es de 436 mil millones de pesos, como lo reporta la Secretaría de Hacienda en el apartado de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas y Municipios. Debido a su importancia, el tema ha sido abordado por el Legislativo, y el pasado 3 de julio discutió la iniciativa de Ley de Deuda de Estados y Municipios, la cual ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

Entre lo más relevante de esta ley están los mecanismos para una mayor transparencia en la contratación de la deuda pública; fiscalización directa a los estados cuando accedan a dichas garantías para auditar el destino y la aplicación de los recursos; la contratación de obligaciones por parte de estados y municipios para cubrir sus necesidades de corto plazo sin rebasar los límites máximos. Pero la deuda seguirá siendo aprobada por los congresos locales, no por mayoría simple, sino calificada, y no podrá ser contratada por las entidades federativas para gasto corriente, sino para proyectos productivos y de infraestructura. De entre las modificaciones, destaca una principalmente que se vincula con la parte electoral, es decir, que la deuda no se podrá contratar tanto 3 meses antes como después de un cambio de administración.

El tema de la deuda estatal y municipal es prioritario, pues tanto la estabilidad macroeconómica del país como las finanzas públicas federales pueden estar en riesgo y ello conlleva a una incertidumbre a la hora de crear proyectos para dichos estados o municipios, pues su estado financiero puede desalentar la inversión en ellos e incluso provocar cargas extraordinarias en los impuestos a los habitantes, no sólo en el corto plazo, sino en el mediano o largo plazo.

*Académico de la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan

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