La economía mexicana ha entrado en una fase de desaceleración que no solo toca a la actividad industrial. Como habíamos comentado a inicios de año, el letargo de las manufacturas de Estados Unidos era el claro indicativo de que ello afectaría a su contraparte mexicana. Lamentablemente el sector de la construcción nacional también se encontraba afectado por una crisis estructural, particularmente en la edificación de vivienda. En conjunto ambos elementos explican la mayor parte de la fuerte desaceleración industrial que vive el país. El riesgo de un retroceso mayor es patente, particularmente cuando se observa que en algunas ramas de la manufacturas se presentan caídas de doble dígito.
El impacto sobre el empleo es patente, tanto las cifras publicadas por el IMSS y el INEGI así lo muestran. Entre los meses de mayo y julio solamente se registraron poco menos de 15 mil nuevos trabajadores ante el IMSS, y de acuerdo al INEGI la tasa de desocupación de julio fue de 5.12%, una cifra superior a lo contabilizado en el mismo mes del año pasado. Como resultado tenemos que el mercado interno enfrenta un escenario adverso, sin empleo y mejores remuneraciones las personas tienen menores posibilidades de adquirir bienes y servicios, o de pagar sus deudas. El aumento en la morosidad es el resultado de la desaceleración, y vendrá a exacerbar el letargo económico.
El costo de la inercia ya se vive en México, trabajar bajo esquemas de política económica que han mostrado su ineficiencia nuevamente da un ejemplo de que se necesita transformar a la nación con una óptica distinta. El problema es que las reformas estructurales hasta hoy propuestas no se encuentran bajo dicha lógica.
La reforma laboral ha mostrado que no tiene las bondades esgrimidas por quienes la impulsaron, la creación de empleo depende de mayor inversión, de la apertura de nuevos negocios, del crecimiento empresarial, de mercados más competitivos y competidos. Todo lo descrito no se encuentra en las modificaciones laborales aprobadas ni en el programa económico aprobado para el presente año. Por ello el gobierno deberá realizar profundos cambios a su presupuesto y a su estrategia económica, de otra manera la salida de la desaceleración dependerá del desempeño de Estados Unidos.
El escenario descrito limita el perfil de la reforma hacendaria que en algunas semanas será presentada por el presidente. Aumentar o crear impuestos en un entorno de bajo crecimiento terminaría por provocar una contracción económica. El argumento de que el gobierno necesita dinero para impulsar a la actividad productiva y el desarrollo social del país debe revisarse con detenimiento. Para que ello sea cierto es necesario garantizar la eficacia y eficiencia del gasto de gobierno, una cuestión que se descuidó durante la administración anterior y que hoy afecta a la gestión actual.
Evitar que lo anterior genere una nueva recesión es fundamental para el gobierno y la sociedad mexicana, la precariedad social no deja margen para una nueva contracción económica, aun por pequeña que pueda ser. El costo social de la desaceleración es elevado, pero un retroceso productivo terminaría por minar las bases de estabilidad social que aún existen en el país. Los signos de ello se pueden ver en algunas zonas de la república, la presencia del crimen organizado y la informalidad así lo indican, el gobierno deberá contemplarlo para intentar revertir dicha tendencia. Detener la desaceleración económica es un paso necesario. El próximo presupuesto y la implementación del Plan Nacional de Desarrollo deben buscar ir más allá de lo que hicieron las administraciones previas, de no hacerlo se corre el riesgo de quedar a expensas de un entorno internacional que aún genera serias dudas sobre su desempeño futuro.
*Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey