Es imprescindible la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones para resolver varios huecos que dejó la reforma constitucional. Uno de ellos es el relacionado con la retransmisión de los canales abiertos en los sistemas de tv de paga (must carry y must offer).
Como se sabe, luego de constituirse el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la empresa de televisión por satélite, Dish, incorporó a su red los canales abiertos de Televisa y TV Azteca, que se generan en la Ciudad de México, ya que la reforma constitucional les obligó a ello, bajo el supuesto de que dichas señales cubren más de 50% del territorio nacional.
Más allá del falso debate que se ha generado sobre si los canales cubren dicho porcentaje, apoyados en la definición exacta de “territorio nacional”, o bien que hay una violación a la legislación nacional e internacional en materia de derechos de autor, la retransmisión de los canales abiertos en Dish tiene implicaciones no resueltas en materia electoral.
En su comentario a los lineamientos sobre la operación del must carry y must offer, propuestos por el Ifetel, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) explica que existen al respecto dos dificultades. La primera se relaciona con la obligación de las televisoras abiertas, ubicadas en la capital del país, de incorporar spots electorales ordenados por el IFE, pero que no deben ser vistos en otras ciudades en las que se llevan procesos electorales. La segunda deriva de la obligación de bloquear los spots de propaganda gubernamental, también en estados en los que realizan elecciones.
En ambos casos la ley electoral prevé sanciones importantes a los concesionarios que no cumplan con dichas disposiciones. Este año se llevarán a cabo elecciones para elegir alcaldes y diputados en Coahuila y Nayarit, y en octubre dará inicio el proceso para renovar a 300 diputados de mayoría representativa y a 200 de representación proporcional a nivel federal.
¿Cuál es el problema central? En el caso de la tv directa al hogar o DTH, Sky, como parte de Televisa, podría realizar los bloqueos ordenados al ser la propietaria de los derechos de transmisión o sustituir los canales del DF con canales locales, que si cumplen con las reglas electorales. A su vez, los canales de TV Azteca también pueden sustituir los spots de gobierno o partidistas por otros anuncios (no gubernamentales, por supuesto) o de igual manera sustituirlos por canales locales y subirlos al sistema de Sky, con base en los acuerdos entre ambas televisoras.
En el caso de Dish, esta empresa toma los canales 2, 5 y 9 de Televisa y 7 y 13 de TV Azteca, que se generan desde el DF y que son las que, con base en la interpretación legal, cubren más de la mitad del territorio nacional. De acuerdo con la reforma constitucional, estas señales se deben transmitir en forma integra, simultánea y sin modificaciones, por lo que Dish no podría meter las manos para acatar por sí misma la legislación electoral. Lo mismo debiese suceder legalmente con Sky, ya que la obligación es para todos los operadores de DTH.
¿Podría el IFE ordenar a Televisa y Tv Azteca entregar a Dish las mismas señales que suben en Sky durante los procesos electorales, no obstante que la empresa de la familia Vargas a su vez está obligada constitucionalmente a subir las señales íntegras que cubren 50% del territorio nacional? ¿O el IFE tendría atribuciones para ordenar a Dish o incluso a Sky para que realice los bloqueos correspondientes, a pesar de que los canales los debe transmitir sin modificaciones?
Así es que nos encontramos con dos mandatos constitucionales, al parecer contradictorios. Por una parte, la transmisión obligatoria, sin cortes, de los canales de tv abierta, que Dish toma de la capital del país; por la otra, la suspensión en dichas señales de la difusión en las ciudades o entidades con procesos electorales de toda propaganda gubernamental y los spots pautados en el DF, ya que de lo contrario habría una violación al principio de equidad en la contienda electoral.
Este y otros galimatías jurídicos deberán resolverse en la legislación secundaria. Y urge que ello ocurra para dar certeza jurídica a los operadores de tv abierta y por satélite.
Denuncia vs. televisa y ex presidente
Hace ya tiempo, le comenté en esta columna de la denuncia del empresario Mark Rudolph James, propietario de Tangentte, pequeña empresa dedicada a las telecomunicaciones, que habría sido despojada de una extensa red de fibra óptica desplegada en una veintena de ciudades, bajo una operación supuestamente fraudulenta realizada desde 2007 por Bestel, de Televisa, y WL Comunicaciones, entre cuyos socios se encuentra Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens.
Pues bien, el pasado 14 de diciembre, Mark James presentó ante la Agencia del Ministerio Público “Investigadora A”, con sede en la ciudad de Querétaro, una denuncia penal por ese supuesto despojo en contra de los personajes mencionados, así como de Alfonso de Angoitia y demás personas involucradas en su calidad de representantes o directivos de las empresas relacionadas con la operación, como Bestel, WL Comunicaciones, Operbes, Cablevisión, entre otras.
También la denuncia se hizo en contra de servidores públicos que durante el sexenio anterior habrían actuado con parcialidad en este caso, como el mismo expresidente Felipe Calderón y los extitulares de la SCT, Luis Téllez y Juan Molinar Horcasitas. El expediente de la denuncia está soportado por un documento de 81 páginas y 51 anexos. Luego le comento más detalles.
Prácticas anticompetitivas
Las prácticas anticompetivas en la telefonía celular son cotidianas. Hace algunos días una colega acudió a su centro Iusacell para renovar su equipo. Solicitó apoyo a quien le atendió para dar de alta su correo electrónico en su teléfono, pero le fue negado porque ella usa el de Prodigy, de Telmex. Al preguntar la causa de esta restricción, se le explicó que Prodigy bloquea el acceso a sus cuentas en los equipos de Iusacell, por lo que se le exhortó a abrir un correo en Yahoo o Gmail para darlo de alta en su teléfono. ¿Puede Prodigy hacer estos bloqueos o Iusacell engaña así a sus clientes para dañar la imagen de su competencia?
*Profesor e investigador de la UAM Xochimilco Departamento de Educación y Comunicación