La promulgación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como la Ley Antilavado, ya generó, —incluso antes de su entrada en vigor en julio de 2013—, reacciones encontradas entre los llamados agentes obligados, aquellos cuyo sector no es del sistema financiero pero que deberá rendir cuentas a autoridades.
Empresarios e investigadores advierten una afectación y amparos por la entrada en vigor de esa ley.
Los primeros en actuar contra la iniquidad de la ley son los corredores públicos, que alistan un recurso de amparo para dentro de 15 días.
El ramo inmobiliario criticó que con la legislación algunos sectores podrían convertirse en “policías”, por lo que pidió no estigmatizar ciertas actividades. Coincidió en la necesidad de que las leyes sean parejas.
Carlos Porcel Sastrías, presidente del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, afirmó que la ley en sí no preocupa al gremio, ya que ayuda a combatir el lavado. Sin embargo, deja al sector en desventaja frente a otras actividades como la de los notarios y de los valuadores, que no están obligados a reportar a las autoridades, por lo que buscarán ampararse ante dicha ley.
La semana pasada, Hacienda dio a conocer el decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta establece disposiciones para prevenir el blanqueo de capitales en diversos sectores económicos. Incorpora a nuevos agentes económicos que deben reportar operaciones con dinero en efectivo, entre los que se incluyen el ramo inmobiliario, casas de juego, de la joyería y el automotriz.
Arturo Argente, director del Departamento de Derecho del Tec de Monterrey Campus Toluca, anticipó que durante su aplicación se presentarán algunos amparos, los que ayudarán a ajustar su figura jurídica.
Admitió que sí podría afectar a civiles, sobre todo a aquellas personas que invierten en joyas e inmuebles.
Dijo que el nuevo gobierno tendrá la obligación de pegarle al bolsillo de la delincuencia organizada, ya que no deja de ser un negocio “exitoso”.
Octavio Avendaño, investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, mencionó que la ley de lavado de dinero generará que las personas encuentren mecanismos para evadir su cumplimiento. “Es posible que al principio, la legislación genere incertidumbre... pero será una cuestión transitoria”.
La voz de los casinos
Miguel Ángel Ochoa, presidente de la Asociación de Permisos Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuestas en México A.C (ALEJA), dio su apoyo a la ley. “Las casas de juego no se resistieron a la ley, ya que lo que se busca es que en los casinos no se presenten casos de lavado de dinero”.
Esta actividad se considera de alto riesgo a nivel mundial, pero Ochoa aseguró que “es imposible lavar dinero en los casinos mexicanos”.
Explicó que a diferencia de otras economías, los casinos en México no son atractivos para el crimen pues se paga mucho impuesto.
Piden evitar estigmatización
Alejandro Kuri Pheres, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), en la sección ciudad de México, reiteró que la legislación es positiva, pero cuestionó que algunos sectores se conviertan en supervisores o policía de transacciones en efectivo.
El directivo explicó que lo ideal es que no se “estigmatice” a ciertos sectores de la economía.
Horacio Vázquez Parada, presidente de la Cámara de la Industria de la Joyería y Platería de Jalisco, mencionó que la legislación le dará certeza a la compra de joyas por montos superiores a los 100 mil pesos.
Ahora las personas que compren alhajas con valor superior a 50 mil pesos tendrán que identificarse y si el monto excede los 100 mil pesos en efectivo se reportará a Hacienda.
“Quien no cumpla podrá alcanzar una pena de cárcel hasta por ocho años y multas de varios salarios mínimos”, aclaró. Reiteró su apoyo a la legislación que entrará en operación a mediados del año 2013.
