Los cambios estructurales que se aplican en una economía deben estar avocados a resolver los problemas que inhiben el desempeño de la actividad productiva. De igual forma se deben dirigir a disminuir los desequilibrios sociales y de seguridad pública.
En el caso de México uno de los mayores lastres que se enfrentan es el bajo crecimiento económico registrado durante los últimos 30 años, en promedio 2.5% anual. Evidentemente que el comportamiento del PIB es inferior a lo contabilizado por las naciones emergentes más destacadas: China, India, Corea del Sur, Brasil y Rusia son el mejor ejemplo. No obstante también es claro que el PIB contabilizado por México es menor a lo que debería obtener por su capacidad potencial, alrededor de 3.5%.
Por tanto uno de los primeros objetivos a cubrir por las reformas estructurales aprobadas y por debatir es el de impulsar el crecimiento económico, impulsar las capacidades de México. Para ello debe contemplarse cuáles son las fuentes del crecimiento: inversión, progreso tecnológico, productividad del capital humano, es decir de los trabajadores.
Sin lugar a dudas que ello tiene una estrecha relación no solo con el sistema educativo, también existe un vínculo fundamental con la estrategia de inversión del sector privado, con sus decisiones de producción, de capacitación y planeación.
Para el caso de México, las reformas deben estar alineadas a la actividad productiva, de otra manera no tendrán el efecto que se espera. El crecimiento económico requiere de mantener e incrementar la inversión privada, y que tenga una sinergia adecuada con su contraparte pública.
La política fiscal del gobierno no puede desligarse de esa realidad, más aun cuando en la coyuntura existe un entorno adverso delicado. Para el 2013 la economía nacional ha enfrentado una marcada desaceleración, la cual que tiene fundamentos tanto externos como internos. Hasta el mes de agosto el crecimiento acumulado fue de solo 1.1%, el registro más modesto desde la crisis de 2009. Dicho desempeño tiene su principal fuente en la contracción de 0.9% del sector secundario, es decir, de la actividad industrial del país. Si bien el mercado interno ha permitido que el freno sea menor, su incremento de 2.3% también implica que las condiciones adversas han mermado la capacidad de consumo y de inversión del país.
El sector de la construcción es el motivo principal de la contracción en la actividad industrial, su caída de 3.9% refleja que el mismo se encuentra en recesión. A lo anterior se le debe agregar la baja de 1.9% en la minería. El aumento en las manufacturas (0.7%) y en la generación y distribución de energía eléctrica, gas y agua (0.2%) no compensa las disminuciones antes citadas.
La aprobación de las modificaciones fiscales, educativas financieras, laborales y el resultado que se obtenga en el sector energético deberán cambiar el escenario descrito. También deberán fortalecer un mercado interno que enfrenta un problema estructural de pobreza, más de 60 millones de personas son pobres por ingresos. La situación del mercado laboral no ha mejorado, de acuerdo al Indicador de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) las condiciones de las personas que tienen una ocupación se han deteriorado. Ello significa que las remuneraciones obtenidas por el trabajo no son suficientes para alcanzar un nivel de bienestar mínimo.
Si bien se busca que la próxima aprobación del presupuesto de egresos destine mayores recursos al desarrollo social ello no será sustentable sin un incremento en la efectividad del gasto. Más aún cuando se autoriza un endeudamiento que modifica la estrategia de disciplina fiscal implementada.
Un programa de reactivación económica. Uno sustentado en elevar el valor agregado de la producción.
El sector industrial es estratégico, sus vínculos con los mercados externo e interno pueden ser parte de un modelo de desarrollo que permita superar el rezago estructural de bajo crecimiento.
* Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.