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La iniciativa de Reforma Hacendaria presentada por el Ejecutivo, una vez en manos de los legisladores, ha sufrido algunas modificaciones y añadidos importantes. Uno de los más destacados es la creación de un impuesto a la llamada comida “chatarra”. La reforma aprobada por los diputados grava con un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 5% a los alimentos de alto contenido calórico como frituras, dulces, gelatinas o chocolates y de 10% a la enajenación e importación de algunos productos cuya ingesta se encuentra presuntamente relacionada con el sobrepeso y la obesidad. Además, se aplicará un gravamen de un peso por litro a las bebidas saborizadas, así como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que contengan cualquier tipo de azúcares.
Los argumentos a favor de estos impuestos descansan sobre todo en que son necesarios para combatir la epidemia de obesidad que en México se ha incrementado significativamente.
Sobre este fenómeno, no podemos más que aceptar que las cifras son alarmantes. Según un reporte de la FAO (The State of Food and Agriculture) publicado este año, México es el país miembro de la OECD con mayor porcentaje de población obesa y uno de los más destacados en el mundo. Según el informe, la prevalencia de obesidad en adultos alcanzó el 32.8%, superando a Estados Unidos, que registró 31.8%.
Ahora bien, se podría argumentar que la obesidad es un asunto personal, un tema de libertades, después de todo, no hay evidencia que muestre que la comida sea adictiva (salvo excepciones relacionadas con trastornos de conducta). El gran problema radica en el tratamiento de la obesidad como un problema de salud pública, porque ésta, como cualquier otra enfermedad, tiene un impacto tanto en las finanzas personales como en las públicas. Según el estudio “Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado”, para el 2017, los problemas de obesidad costarán al país entre 70 mil y 101 mil millones de pesos.
En este contexto, proponer impuestos a la comida obesigénica, para elevar su precios y así reducir su ingesta tiene sentido, e incluso soporte científico. Recientemente el National Bureau of Economic Research (Michael Grossman, Erdal Tekin y Roy Wada. Food Prices and Body Fatness Among Youths. NBER Working Paper 19143), publicó un artículo donde después de pruebas que relacionan el precio de los alimentos que se ingieren en la casa y en los restaurantes de comida rápida, con los indicadores de obesidad como lo es el Índice de Masa Corporal (IMC) y encuentra que elevar el precio de una caloría en los alimentos un 10% podría disminuir el IMC en jóvenes de 8% a 9%. Con esto podríamos argumentar que la cura económica de la obesidad es elevar el precio de los alimentos. Sin embargo, en realidades como la mexicana estos resultados pueden no ser tan evidentes.
No estamos en contra, per se, de los impuestos a los productos que causan daño a las individuos de manera colectiva y que se convierten en un problema de salud pública. Lo que indicamos es que lo recaudado sea destinado a financiar programas efectivos de combate a las conductas dañinas. Ni el Ejecutivo, al presentar su iniciativa, ni el Legislativo al crear nuevos gravámenes han planteado claramente los programas públicos de combate a la obesidad, a los que serán destinados estos recursos.
A nivel mundial, los programas de salud dirigidos al combate a la obesidad han recibido una importante prioridad, a partir del surgimiento de la Estrategia Mundial Sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que persigue homogenizar los diferentes criterios en torno a la alimentación, la actividad y salud física, como medidas preventivas de la obesidad y el sobrepeso mundial. La estrategia aborda dos de los principales factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles: (i) El régimen alimentario y (ii) las actividades físicas, además de complementar las acciones relacionadas con la nutrición, las carencias de micronutrientes y la alimentación del lactante y del infante.
México como país miembro de la OMS ha implementado iniciativas de ley, estrategias nacionales y acciones en la materia. Destacan el Programa Nacional de Salud, la Alianza por un México Sano, PrevenIMSS, PrevenISSSTE así como programas específicos hacia la obesidad en las escuelas, entre otros.