A principios de la década de los años 70 la economía mexicana tenía una tasa de crecimiento potencial que superaba el 6%. Después de una década de desencuentros entre el sector público y el privado, así como de un gasto de gobierno basado en deuda e ingresos petroleros, el PIB potencial solamente contabilizaba una tasa de crecimiento de 4%. La crisis de la década pérdida, los años 80, tuvo un efecto negativo sobre la inversión, provocando un profundo rezago en materia de infraestructura y renovación de maquinaria y equipo. Así para principios de los años 90 el PIB potencial aumentaba en alrededor de 2.5%.

Para el inicio del nuevo milenio la recuperación económica permitió que el país revirtiera esa tendencia de franco deterioro en las capacidades productivas de la economía mexicana, y el año 2000 vio como el aumento anual del PIB potencial nuevamente superaba 3%.

Lamentablemente los años subsecuentes no fueron tan afortunados, y en lugar de continuar con dicha tendencia lo que realmente se observó fue un nuevo deterioro del acervo de capital, situación que ha incidido en que para este año México tenga un PIB potencial que solamente aumenta a tasas inferiores al 2.5%. Básicamente el promedio de crecimiento económico de los últimos 30 años.

La inversión privada ha sido el motor productivo del país, en realidad la parte pública ha seguido un camino errático: un aumento improductivo en los años 70, una contracción de 50% real durante la siguiente década, un estancamiento durante los años 90 y un débil repunte en el nuevo milenio. El resultado ha sido que la renovación de la maquinaria y equipo se concentra en el sector privado, sin ello las empresas mexicanas habrían caído en la obsolescencia.

En materia de construcción la situación es ligeramente distinta la inversión en carreteras y vivienda del sector público influye positivamente pero de manera insuficiente. Además, la supervisión ha sido ineficiente y ello se observa en la crisis que atraviesa la construcción.

En lo correspondiente a la inversión extranjera directa (IED) se tiene una situación más favorable pero sobredimensionada. En un buen año, los flujos de estos recursos hacia México llegan a un 2.5% del PIB, pero ello ocurre cuando alguna empresa trasnacional compra a una mexicana ya establecida.

Los bancos, las empresas cementeras y cerveceras son el mejor ejemplo. Quitando dichas compras la IED no supera el 2% como proporción del PIB, una cifra que es inferior entre 5 y 7 veces a la inversión privada nacional.

Ello demuestra la relevancia de la inversión privada nacional, y también el cómo se le ha subestimado. De inicio no hay una estadística oficial que la mida de manera oportuna, mensual o trimestral, a nivel sectorial y por estado.

Los propios empresarios han intentado hacer una cuantificación de la misma pero evidentemente se requiere que el Inegi y la Secretaría de Economía tomen cartas en el asunto, básicamente porque no se puede hacer una estrategia efectiva si no se tienen cifras confiables.

Ello es particularmente relevante cuando se observa el objetivo del actual gobierno: que la capacidad potencial de la economía llegue a 5% para fines de la actual administración, que se duplique en solo cuatro años. Se piensa que las reformas lo harán, pero sin la inversión privada en sectores que van más allá del energético se antoja complicado.

Para ello se debe impulsar la generación de empresas en todos los sectores y regiones del país, es imprescindible un programa de desarrollo industrial y de servicios de alto valor agregado que genere encadenamientos productivos entre las empresas nacionales y eleve el contenido nacional de las exportaciones y las compras de gobierno, de otra manera el efecto de las reformas será mucho más limitado. La mano invisible no ha funcionado en nuestro país, es el momento de coordinar esfuerzos.

*Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico

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