Con el paso de los días el debate motivado desde la presentación de la reforma hacendaria ha exacerbado las posturas entre el sector empresarial y el gobierno federal. Desde la parte patronal se tiene la percepción de que el planteamiento fiscal no contribuye al crecimiento y al fortalecimiento de una planta productiva con de productividad y competitividad estructurales. La cual también enfrenta una profunda desaceleración.
Por otra parte, la crisis social de pobreza y la restricción de finanzas públicas son el argumento presentado por las autoridades para buscar la aprobación de modificaciones tributarias que le proporcionen mayores recursos financieros.
Si bien es positivo el objetivo de generar programas sociales que atiendan las necesidades de personas desempleadas, que no cuentan con beneficios de seguridad social o que tienen edad avanzada, debe plantearse el cuestionamiento de si ello se logrará aumentando la carga fiscal de quienes ya están pagando impuestos.
En este aspecto la discusión ha caído en una trampa, dividir antes que sumar. Plantear un México fragmentado por la mala distribución del ingreso es algo real, sin embargo debe reconocerse que ello es fruto de un modelo económico aplicado sin considerar los costos sociales del mismo, y ante el cual la sociedad se adaptó durante las últimas décadas. La debilidad del modelo no solo toca a los ciudadanos pobres, también va tendiendo sus efectos hacia quienes arriesgan su patrimonio para crear una empresa, quienes invierten sus recursos para generar empleo y riqueza. Las empresas pequeñas y medianas enfrentan una gran mortandad, pero aún la gran empresa nacional comienza a sentir los efectos de las crisis reiteradas y de la debilidad del mercado interno.
Cuando se indica que se eliminan “privilegios fiscales” en realidad debería considerarse que esa falla es fruto de las decisiones de política económica adoptadas durante los últimos 30 años. Quien decidió dar beneficios a ciertos sectores productivos y a los consumidores fue el gobierno. Las empresas que cumplen con el pago de sus impuestos utilizan el marco legal autorizado, es decir están dentro de la legalidad. No necesariamente sucede lo mismo con las que se encuentran en la informalidad, y para las cuales la reforma tiene una invitación y periodo de transición, más que un proceso estructurado de formalización tributaria.
El gobierno puede, y debe corregir, las deficiencias en su recaudación, eso es algo claro. Se puede citar a quienes utilizan el esquema fiscal de las maquiladoras para importar y vender en el mercado interno, están faltando al marco legal. Sin embargo ello no es generalizable. En realidad debería sancionarse a las empresas que incurran en la falta y dejar operar al resto.
Hasta este punto hay cinco aspectos en los que el gobierno pueda dar un viraje en la manera que ha presentado su reforma. El primero es confiar en el contribuyente, eso funciona en países desarrollados, debe cambiar el marco conceptual. El segundo es evitar posturas que dividan, no conviene segmentar en ricos y pobres, es el problema social a solucionar antes que usarlo como argumento fiscal. Lo anterior lleva al segundo punto: se debe propiciar un Pacto Hacendario por el Desarrollo Económico y Social de México. Las modificaciones fiscales son necesarias, pero la corrección no puede aplicarse de un día para otro. Las empresas ya hicieron inversiones y planeación financiera. El costo de la corrección podría afectar a variables como el empleo, y con ello exacerbar la herencia de pobreza. En realidad debe aplicarse un periodo de transición fiscal para el desarrollo. El tercer elemento versa sobre la eficacia del gasto, la evaluación del mismo, su impacto en las cadenas productivas y la eliminación de la burocracia y corrupción. El ejemplo de austeridad y transparencia oficial podría ser el mejor elemento de negociación. Finalmente ir por la informalidad.
* Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico
