El Senado firmó la sentencia de muerte de los derechos de las audiencias al modificar los artículos de la Ley relacionados con esta materia, aseguraron analistas.
Fue una sentencia de muerte para los derechos de las audiencias, más en medios privados, pues en algunos medios públicos son moribundos porque quedan con vida en las defensorías”, mencionó Gabriel Sosa Plata, analista en telecomunicaciones.
Sin embargo, podrían tener una reactivación si en 2018 el asunto llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de controversias o amparos interpuestos por autoridades y ciudadanos.
“Se tendría que reiniciar el proceso para que todo esto lleve a lo que nosotros pensamos que ocurrirá, que es declarar la inconstitucionalidad de los cambios hechos a la ley”, espera Sosa Plata.
El también miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aseguró que los cambios realizados en el Senado se hicieron con el fin de dejar sin materia a la Corte.
“La materia de las controversias era lo que estaba en la ley, y lo que se derivaba de ella eran los lineamientos; entonces, dejan a la Corte sin tema, porque ya la ley que se está reformando es otra”, explicó.
El pasado jueves, el Pleno del Senado aprobó el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión relacionadas con derechos de las audiencias.
Entre los cambios, destacan que se deroga que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa, derogan la figura de suspensión precautoria de transmisiones, los medios se autoregularán con un código de ética propio y el IFT no sancionará, solamente tiene atribuciones para vigilar.
La Corte tenía pendiente discutir dos controversias constitucionales contra los artículos de la ley relacionados con los derechos de las audiencias y contra los lineamientos generales de derechos de las audiencias interpuestos por el Ejecutivo Federal y el Senado.
Tras los cambios aprobados por el Congreso, “se concreta el madruguete al Poder Judicial porque sin esperar el control constitucional que debería hacer la Corte ante las controversias de los lineamientos del IFT, legislaron para que la Corte se quede sin materia”, señaló Aleida Calleja, coordinadora de Advocacy en Observacom.
Calleja dijo que esto significa “la prostitución”de las facultades del Congreso, que en lugar de legislar para el interés general, legisla para el interés de unos cuantos.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tenía previsto que los Lineamientos generales de derechos de las audiencias entraran en vigor el 16 de noviembre de este año, después de diferirlos al 16 de agosto, cuando los retrasó al no contar con el aval de la Corte.