Más de 900 personas se encuentran sin empleo debido a los cierres masivos que se han registrado de centros nocturnos, bares y restaurantes en el estado de Querétaro, producto de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno estatal y por los municipios, luego del ataque dejó 10 víctimas mortales en el bar Los Cantaritos, denunciaron trabajadores de la vida nocturna en la entidad.
En rueda de prensa, los trabajadores pidieron al gobierno estatal ser sensibles ante la situación que viven quienes dependen de este tipo de establecimientos en el estado, quienes viven al día con lo que ganan en estos lugares y que, de un día para otro, se quedaron sin poder realizar esta actividad y con ello sin este ingreso.
Buscan ser considerados
“Buscamos tratar de sensibilizar al gobierno del estado y a la sociedad queretana en general del daño que se le está causando a los trabajadores de bares, antros, restaurantes, etcétera.
“No es la primera vez que este gremio se ve afectado de manera directa y unilateral. Recordemos que en la pandemia, hace apenas cuatro años, también fuimos los sacrificados sin darnos tiempo ni de reaccionar, nos dejaron sin empleo y a miles de empleados de trabajadores nocturnos, esta historia se vuelve a repetir”, exclamó.
Al igual que en pandemia, recordaron, la historia se vuelve a repetir para estos trabajadores, sólo que ahora “con el pretexto de la seguridad”, poniendo a este sector “en la cuerda floja”, sin que se les considere como parte de la sociedad queretana, ya que sólo se ve por los visitantes y clientes sin considerarlos a ellos, advirtieron.
“En este gremio estamos conscientes de que es necesario tomar medidas para la seguridad de nuestros clientes y estamos dispuestos a tomar la medidas necesarias para garantizar esa seguridad.
“Sin embargo, debería ser un trabajo conjunto con el gobierno del estado, porque a los trabajadores también nos preocupa nuestra seguridad”, denunciaron en rueda de prensa.
Van 70 cierres de negocios
De acuerdo con información oficial, han sido clausurados al menos 70 establecimientos en el estado, a los que se suman 20 más que fueron cerrados voluntariamente por parte de los empresarios, hasta que se garantice la seguridad de los espacios para operar, dejando sin sustento así a más de 900 familias aproximadamente.
Lo anterior, al afirmar que en promedio son 10 trabajadores por establecimiento, sin contar a los valet parking, y otros establecimientos que dependen de un bar o un antro y que se ubican en las inmediaciones de estos, como los vendedores de comida, dulces, flores, etcétera. Esta cifra, reiteraron, corresponde únicamente a los trabajadores directos de estos lugares y negocios.
Se trata en su mayoría, dijeron, de jefes de familia que llevan el sustento a casa, a una familia que en promedio se integra por cuatro miembros, lo que representa más de tres mil 600 personas afectadas.
“Quizás el gobierno no ha hecho una cuenta general, porque comentaban que no había una afectación en la vida nocturna del estado, y no sé en qué ciudad vivan, porque en la que vivo yo desde hace 45 años, claro que hay una afectación.
“Más de 5 mil personas, de manera directa e indirecta, valet parking, proveedores, los mismos payasitos, los grupos musicales, los solistas, etcétera, se está coartando nuestro derecho al trabajo de forma categórica, satanizando el medio nocturno”, exclamó David Rivera, uno de los denunciantes.
Destacaron que los motivos de las clausuras, de acuerdo a lo declarado por las autoridades, se dieron porque operaban con irregularidades, sin embargo, cuestionaron a quiénes permitieron que por tanto tiempo operaran en esa condición.
“¿Quién dio esos permisos? ¿Esos permisos los dieron los meseros, los capitanes, los dieron los gerentes? No, esos permisos los dio el gobierno, ¿quién permitió operar a esos 70 negocios de forma anómala? ¿Quién fue? Y si, afectan a los 70 dueños, pero también afectan a más de tres mil familias y fue una decisión de ellos, ellos nombraron a alguien que se corrompió, que fue un corrupto”, agregó.
Se establece mesa de diálogo
Posterior al pronunciamiento de los trabajadores, el secretario de Gobierno en el estado, Carlos Alcaraz Gutiérrez, recibió a un grupo de estos empleados de bares y restaurantes para establecer una mesa de diálogo, en donde se llegaron a diversos acuerdos.
De acuerdo con los manifestantes, el gobierno estatal se comprometió a permitir abrir, prácticamente de manera inmediata, al menos a 50 de los establecimientos que fueron clausurados en su momento y que presentaron sólo irregularidades menores.
“Podría ser de forma inmediata (la reapertura), si nos dan tiempo y solucionan estos problemas menores que tenemos en estos lugares, y tenemos los papeles ahorita en regla.
“Abrimos quizá hoy por la tarde o mañana, pero lo que sí podemos asegurar es que, antes del 29 de noviembre, de los 70 lugares, 50 muy probablemente estén abiertos”, reafirmaron tras la reunión con las autoridades estatales.
