Luego de que el 6 de marzo el gobierno de Estados Unidos anunció la activación del mecanismo laboral de respuesta rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por la presunta denegación de derechos laborales en la planta de Unique Fabricating, ubicada en Querétaro, el gobierno de México tiene 10 días para aceptar la queja, indicó el secretario general del Sindicato Transformación Sindical, Eduardo Castillo.
Añadió que después el gobierno mexicano tendrá 45 días para iniciar las indagatorias que correspondan en este caso.
Al respecto, el director jurídico de Transformación Sindical, José Humberto Huitrón, dijo que se dará seguimiento a los trabajos que ahora corresponden al gobierno federal de México. Agregó que se trata del primer sindicato del estado que solicita la activación del mecanismo de respuesta rápida y el séptimo a nivel país.
Huitrón explicó que en un inicio los trabajadores solicitaron una afiliación voluntaria al sindicato, debido a irregularidades en sus derechos laborales.
“En septiembre del año pasado decidieron presentar la demanda de titularidad del contrato colectivo, derivado de una investigación que hicimos en este acercamiento con trabajadores que lo solicitaron”, dijo.
Aunque se encontró un contrato de protección de 2016, aseguró que trabajadores con seis años de antigüedad no conocían que existiera un sindicato y no conocían el contrato.
Además, en octubre del año pasado se inició un segundo juicio por denegación de derechos, violaciones a derechos fundamentales de trabajadores en libertad de sindicación, negociación colectiva y libertad sindical, en contra de la empresa.
Aunque buscaron agotar los recursos en lo nacional, la lentitud de los mismos y las necesidades de los trabajadores, llevaron a que el caso lo expusieran en instancias internacionales.
En este proceso, Humberto Huitrón acusó que presunto personal de la Secretaría del Trabajo del estado intervino en el caso, proporcionando información que aseguró está alejada de los principios rectores de la reforma laboral.
“Las funcionarias de la Secretaría del Trabajo conocían la demanda de titularidad que empezamos en septiembre de 2022 y de la denegación de derechos que iniciamos ante el mismo juzgado primero laboral en octubre de 2022, preámbulo y esencia de la queja del pasado 6 de marzo en voz de funcionarios de Estados Unidos”, indicó.
Ahora, están a la espera de que el caso avance y la queja sea aceptada por el gobierno federal, para generar un precedente.
