Querétaro es la sexta entidad con menor monto observado en el gasto federalizado programable, revelan datos de la primera parte de la Cuenta Pública 2018, reportada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Durante el periodo referido se le observó a Querétaro un gasto por 22.7 millones de pesos.
La ASF realizó la fiscalización al estado mediante un muestreo de seis auditorías que equivalen a un monto de 2 mil 347.4 millones de pesos, de los cuales únicamente se observó el gasto de 22.7 millones de pesos, recursos que ya fueron solventados.
De acuerdo con el reporte de la Cuenta Pública, Querétaro es de las cuatro entidades federativas que en este momento no tienen nada que aclarar a la ASF en su gasto observado correspondiente a los recursos federales programables.
Los otros estados que se encuentran en la misma situación son Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.
A Querétaro se le formularon en dicho periodo un total de 37 observaciones, de las cuales, detalla el reporte, 36 de ellas ya quedaron solventadas.
Las entidades con mayor monto en el gasto observado son Oaxaca, con mil 942.3 millones de pesos; Estado de México, con mil 814.2 millones de pesos; Jalisco, con mil 97.7 millones de pesos, y Chiapas, con mil 075.2 millones de pesos.
Mientras que los estados con menor cantidad observada en su gasto federalizado programable es Sonora, con 2.1 millones de pesos; Baja California Sur (4.3 millones), Sinaloa (4.9 millones), Durango (10.6 millones), Zacatecas (21.8 millones) y Querétaro.
En las auditorías realizadas a dicho gasto, para la primera entrega de los informes individuales de auditoría de este año, el monto total observado en el país ascendió a 10 mil 118.8 millones de pesos, producto de mil 449 observaciones.
El gasto federalizado programable se integra por los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Estos recursos se entregan mediante fondos y programas, a través de tres modalidades programáticas que son las aportaciones federales, los convenios (de descentralización y de reasignación) y los subsidios.
Las aportaciones federales son la mayor proporción del gasto federalizado programable; en 2018 constituyeron 65.3% del total.
Las irregularidades más relevantes, en las que se determinó un monto observado, fueron las siguientes: falta de documentación justificativa o comprobatoria; transferencia de recursos a otras cuentas bancarias; recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, o sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.
La ASF recomienda a los estados implementar mecanismos de control y supervisión para que las operaciones presupuestarias y contables del fondo cuenten con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúan, en cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.