La brecha salarial de participación laboral entre mujeres y hombres tardaría entre seis y siete décadas para eliminarse de continuar las condiciones de desigualdad que hay, indicó Gisela Sánchez representante del Frente Feminista Nacional capitulo Querétaro.
Lo anterior de acuerdo con el informe alterno de Beijing 2025 que dio a conocer el Frente en días pasados. Destacó que la mayoría de los programas para la promoción de la igualdad laboral no desarrollan acciones que apuntan a modificar las ructuras de poder en el trabajo, no se enfocan en abolir la división sexual en el mismo y priorizan la atención de necesidades prácticas sin mejorar la posición de las mujeres.
“Promueven su estancamiento en el trabajo doméstico y cuidado no remunerado, además de que por parte del Estado sólo se promueven los oficios, pero la oferta laboral en el sector privado es limitada, es decir, son escasas las vacantes de nivel superior y sueldo justo”, agregó..
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en octubre, indicó que el ingreso promedio es de 6 mil 500 pesos mensuales para las mujeres, 2 mil por debajo de los hombres, es decir, una diferencia de 23.53%.
La tasa de desocupación de mujeres pasó de 2.6 a 2.8% durante los primeros trimestres del 2018 y 2019. Situación que se agravó con la pandemia, pues 73.5% de las mujeres con alguna discapacidad no tenían ningún trabajo remunerado; además, el trabajo informal es la principal forma de empleo para las mujeres en Querétaro.
El Frente hace un llamado a que la Secretaría de Trabajo garantice la creación de empleos decentes, estables, con seguridad social y salarios dignos.
Que el Instituto Municipal de las Mujeres, la Secretaría del Trabajo y el Instituto Municipal para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Impupred) mejoren los requisitos de la Norma Mexicana MMXR025SCF12015 para que se incluya la urgencia de atender la brecha salarial y la desigualdad en la distribución de trabajo doméstico y trabajo no remunerado para crear cambios estructurales.
Que la Cámara de Diputados local ratifique el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo en relación al hostigamiento y acoso sexual, y promover la cultura institucional y de trabajo con perspectiva de género.
“Que las denuncias por acoso sean de particular relevancia para las instituciones, de manera que trasladar el tema desde el ámbito penal e incluirlo en materia civil valdría para demandar por daño moral y económico”, puntualizó Gisela Sánchez.