Con la intención de contar con medidas de mitigación, sobre todo de carácter pluvial, desde febrero de este año las empresas constructoras deberán presentar los resultados del análisis de riesgo en la zona en la que prevén construir, esto luego de que se aprobaran por el cabildo del municipio de Querétaro, reformas a la Ley General de Protección Civil, informó el director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Querétaro (UMPCQ), Carlos Rodríguez Di Bella.
Lo anterior para tratar de reducir el número de construcciones en zonas que afecten el flujo del agua en temporada de lluvias y prevenir cualquier riesgo a la ciudadanía.
“En febrero de este año, por acuerdo de cabildo, se generó el documento en el que se establecen las bases y la documentación que se requiere para que, antes que exista un cambio de uso de suelo o en su caso la construcción de cualquier tipo de edificación o desarrollo se cumpla con lo que marca un análisis de riesgos”, explicó.
Rodríguez Di Bella enfatizó que esto forma para de una política en prevención y de inclusión en materia de reducción de riesgos.
Detalló que en el artículo 94 de la Ley General de Protección Civil, se establece que es un delito grave que los desarrolladores o constructores no generen los análisis de riesgo correspondientes, de igual forma si las administraciones públicas, tanto municipales como estatales, tampoco hacen la verificación correspondiente antes de generar cualquier tipo de construcción.
Dio a conocer que tiempo atrás un desarrollador presentó un amparo para no realizar este estudio; sin embargo, fue concedido en favor del gobierno municipal de Querétaro y la facultad para solicitar las medidas de mitigación.
El funcionario añadió que no solicitan que se almacene el agua, sino que la retengan mientras que el sistema pluvial del municipio desahogue todo lo que debe, y entonces incorporar esas aguas de carácter pluvial hacia los drenes para que lleguen a las cuencas reguladas por Conagua.
Carlos Rodríguez Di Bella aseveró que aquellas empresas que no cumplan con esta norma se harán acreedoras al bloqueo de la construcción.
“Por no estar regulados hemos impuesto algunas multas, y lamentablemente, en tanto los desarrolladores no quieran entrar en un sistema regulatorio, no podrán continuar con los trabajos que realizan hasta que se regulen (…) Esperamos poder entregar resultados favorables en 18 meses posteriores a la publicación del acuerdo de cabildo”, señaló.