A pesar de que el Congreso local en Querétaro autorizó el pasado 11 de diciembre el cobro de tres impuestos ambientales para el próximo año, será hasta 2023 cuando el gobierno estatal aplique este gravamen bajo la premisa de que “el que contamina, paga”, señaló el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio del Prete Tercero.
Precisó que los tres impuestos verdes están enfocados en tres vertientes: emisiones a la atmósfera, extracción de minerales no metálicos y generación de residuos de manejo especial, estimando que son cerca de 500 las empresas que serán susceptibles al cobro.
Precisó que son las compañías industriales de competencia estatal que generen emisiones a la atmósfera, las que estarán obligadas a publicar su Cédula de Operación Anual, a través de la cual se podrá llevar ese registro especial de transferencia de contaminantes.
“Los impuestos ambientales se van a empezar a cobrar hasta 2023, porque en 2022 se va a determinar la base de los contaminantes, quiénes son aquellos que están contaminando; aunque ya lo sabemos quiénes son, porque es algo que venimos haciendo, no del año pasado, no del año anterior, llevamos 10 años llevando esta cédula de operación anual y este registro especial de transmisión de transferencia de contaminantes”, dijo.
Será a través de estos indicadores que se determine cuánto pagará cada empresa con base en ese registro, para la autodeterminación; es decir, la empresa que genere emisiones a la atmósfera tendrá que estar reportando cuántas toneladas de CO2 está generando por sus procesos y, a partir de ahí se podrá cuantificar el impuesto.
Sin embargo, aseveró que si una empresa concretera, por ejemplo, reporta que no tiene emisiones a la atmósfera, se revisará por qué no las tiene, pues hay mínimos que no pueden evitar; por lo que la verificación de la autoridad se dará todos los días para garantizar que se cumpla.
Para ello, abundó, se generará en primera instancia, un esquema de compensación por parte de las empresas, las cuales podrán invertir para reducir las emisiones de contaminante, o bien aportar para proyectos ambientales y de esta manera reducir o acreditar algún porcentaje sobre el impuesto a pagar.
