A nueve años de la reforma en telecomunicaciones, las entidades federativas han hecho poco o nada por cumplir con el mandato constitucional de garantizar el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), con una media nacional de 3.4 indicadores cumplidos, rubro en el que Querétaro se ubica por debajo de dicho indicador, como una de los cuatro estados que sólo cumple con uno de los 10 puntos.
El Centro de Estudios e Investigación en Asuntos Públicos (CEIAP/Centro), presentó el Decálogo de Política Digital como la Evaluación de Política Digital Estatal, documento que tiene por objetivo ofrecer una visión integral sobre la coyuntura digital de México a nivel estatal y, de esta manera, ayudar a los estados a identificar las áreas para el diseño de sus estrategias y políticas públicas en materia digital.
El documento destaca que, desde junio de 2013, el Estado Mexicano está obligado a garantizar el acceso a las TIC y a los servicios de telecomunicaciones, esto según el artículo 6 constitucional; además de que los tres ámbitos de gobierno deben garantizar la integración de la población mexicana a la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC), donde la Constitución define como instrumento una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.
El decálogo analiza 10 indicadores plausibles que toda entidad federativa podría desarrollar y ejecutar; entre ellos:
Un diagnóstico exhaustivo del ecosistema digital; un marco jurídico local en materia de acceso a TIC y entorno digital, autoridad encargada de dirigir y ejecutar políticas de gobierno digital; agenda digital estatal; política de infraestructura de telecomunicaciones; programa de digitalización de trámites y servicios públicos; trámites y permisos para el despliegue de infraestructura homologados; clúster TIC, laboratorio digital o hub digital; programa de conectividad en espacios públicos para comunidades marginadas.
En este sentido, Querétaro cumple únicamente con uno de los 10 puntos, al contar con un clúster de Tecnologías de la Información, llamado Vórtice IT, colocándose en uno de los niveles más bajos en el cumplimiento de esta evaluación, junto con Coahuila, Guanajuato y Guerrero, los cuales también cumplen con un punto.
El estado de Colima se ubica como la única entidad con el mayor avance con ocho indicadores cumplidos, mientras que Nayarit es la entidad que tiene cero indicadores cumplidos.
Por su parte, sólo tres estados del país (Colima, Chihuahua y Quintana Roo) han hecho y publicado un diagnóstico exhaustivo del ecosistema digital en su entidad y sólo dos estados (Colima y Yucatán) cuentan con una agenda digital pública.
La incorporación de protocolos de gobierno y datos abiertos es el punto del decálogo que más estados han integrado a sus planes de desarrollo y que han llevado a cabo al construir y poner a disposición del público plataformas de transparencia y de consulta de datos sobre la gestión de las administraciones. En ese sentido, el 81% cumple con este punto.
Por otro lado, la digitalización de trámites y servicios públicos es otro punto relevante, ya que el 75% de los estados tiene estrategias, objetivos o líneas de acción para el uso de las TIC, además de ofrecer una página de internet o sistema con la información suficiente para la realización de trámites, o, bien, han instalado ventanillas únicas para el proceso en línea.
Además de que cerca de la mitad de los estados ha incorporado en sus planes de desarrollo el impulso de la infraestructura de telecomunicaciones para llevar este tipo de servicios a más personas.
El documento destaca también que durante la pandemia por Covid-19, las TIC permitieron a gran parte del mundo mantener el funcionamiento del gobierno y del sector privado, haciendo posible el intercambio, promoción y transmisión de importantes mensajes de salud pública a la población, así como la continuidad en la provisión de servicios esenciales y estratégicos e incluso la migración laboral de algunos sectores hacia el teletrabajo.
