Alrededor de un centenar de restaurantes en Querétaro se encuentran en trámite para la obtención de un amparo en contra de la ley antitabaco que entró en vigor en enero pasado, y que redujo en hasta un 30% las ventas del sector.
De acuerdo con la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en el estado, Rosalinda Hernández, para finales del año pasado, el sector ya traía una racha que apuntaba hacia la recuperación económica tras la pandemia; sin embargo, en enero se vio frenada esa inercia.
“Sí ha habido una recuperación, lo que nos frenó bastante fue en enero con lo de la ley antitabaco, pero parece ser que los clientes y los comensales han respondido muy bien y nosotros siempre vamos a ser respetuosos con lo que nos dicte salud y ya con la mayor difusión que se tuvo con esta ley antitabaco, nos ha ido bastante bien y no hemos tenido ninguna confrontación con los comensales”, declaró la dirigente del sector.
Explicó que el tema de los amparos que muchos negocios han interpuesto en contra de esta ley que prohíbe a los establecimientos ofrecer cualquier tipo de servicio en las áreas destinadas para fumadores, se mantiene en la mesa y ya son alrededor de 100 establecimientos los que buscan obtener esta herramienta legal.
“Fueron amparos individuales y se están gestionando, yo creo que ya en un mes estaremos dando respuesta de cómo nos ha ido. Del gremio somos poco más de 300 [restaurantes] y los que quisieron entrar fueron como un 40%”, detalló.
Los empresarios que han optado por seguir buscando el amparo son principalmente aquellos que ya habían hecho una inversión importante en sus negocios, particularmente aquellos que, debido a la pandemia, tuvieron que adecuar estos lugares para tener áreas abiertas, tras construir terrazas, instalaciones de techo retráctil, entre otras cuestiones.
“Por eso los amparos son individuales, porque vienen, nos toman fotos a cada restaurante sobre la inversión ya hecha que para algunos fue de hasta 40% [de sus ganancias] Se estimaron pérdidas en un principio porque no hubo una difusión a nivel nacional [de la ley], entonces las pérdidas fueron de alrededor del 30%”, explicó.
