El pintor surrealista español Salvador Dalí será exhumado y su cuerpo sometido a un estudio de ADN para aclarar si es padre de una mujer nacida en 1956.
Una juez de Madrid dictaminó ayer que, para resolver la demanda de paternidad presentada por la española Pilar Abel Martínez, no queda otro remedio que desenterrar los restos del artista, fallecido el 23 de enero de 1989 y enterrado en su casa-museo de Figueres (Cataluña).
La juez ha argumentado que “es necesaria la prueba biológica de investigación” al encontrar que existen indicios de una posible filiación entre Dalí y Pilar Abel, pero no se dispone de “restos biológicos ni objetos personales sobre los cuales practicar la prueba”.
Sin embargo, la Fundación Gala-Salvador Dalí informa que está preparando un recurso para oponerse a la práctica de la exhumación.
A través de un breve comunicado asegura que el recurso será presentado en los próximos días. “Nuestro equipo jurídico interno junto con el despacho Roca Junyent, S. L. P. trabajan en este recurso en coordinación con el Abogado del Estado”, indica la fundación que, adelantó, no se concederán entrevistas al respecto.
La decisión de la juez obliga al juzgado de Figueres a enviar un médico forense a la tumba del pintor para que acceda a sus restos, extraiga de ellos una muestra de material genético y la remita al Instituto de Toxicología.
El cadáver del artista, enterrado en la casa-museo del pintor (una de las atracciones culturales más populares de España, con 1.3 millones de visitantes el año pasado) no será desenterrado de inmediato.
La Fundación Gala Dalí, que gestiona la herencia y la obra del pintor, presentará un recurso. Sin embargo el abogado de la demandante asegura que la exhumación “podría tener lugar el próximo julio”.
El asunto debe estar resuelto antes de que comience el juicio de paternidad, previsto para el próximo lunes 18 de septiembre.
Si Abel fuera reconocida como hija de Salvador Dalí, comenzaría una nueva ola de demandas en las que podría exigir llevar su apellido y recibir parte de las ganancias económicas asociadas a la explotación de los derechos de autor de su obra.
En una entrevista con el diario La Vanguardia, cuando empezó el último juicio, la mujer se defendió de las acusaciones de intentar lucrarse: “¿Dinero? Quiero saber quién soy. Si fuese por dinero hubiese cobrado por dar entrevistas. Ha sido una lucha de mucho tiempo. El ADN dirá la verdad”, dijo.
El caso estuvo 10 años pasando de un abogado a otro hasta que lo asumió Francesc Bueno, un letrado que defendió también el caso de un camarero catalán que aseguraba que el rey Juan Carlos era su padre.
