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La reubicación es para nosotros un tema de elemental justicia, donde triunfa la verdad sobre la falsedad, donde triunfa la justicia sobre la ilegalidad. En este sentido, hemos recibido, una vez que se siguió durante un año un juicio de defensa de derechos humanos en dos juicios de amparo, resoluciones del Poder Judicial Federal dictadas conforme a la Constitución.
Esta fue la respuesta a una terrible arbitrariedad de que un proyecto comercial aprobado en un programa público y social, autorizado por acuerdo de Cabildo, con licencia de funcionamiento, con pago de piso municipal y con inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes fuera apabullado.
La respuesta que da la autoridad y diversos actores sociales, en lugar de indignarse por las arbitrariedades, inician una campaña de linchamiento social todavía superior, ignorando que aquí se cometieron una serie de atrocidades, ignorando que hay familias que viven de esta actividad digna, que llevan casi un año sin tener una fuente de ingresos estable, habiendo sufrido toda clase de vejaciones, maltratos y humillaciones, que van de perder varios días en su trabajo, a haber perdido su patrimonio, haber sufrido robos y daños, haberse enfrentado a que varios de sus hijos perdieron el ciclo escolar, y que varios están vendiendo bienes muebles e inmuebles para poder comer.
En este sentido, extraña que en lugar de que haya una indignación porque un director de Inspección y Comercio, a quien se le comprobó que ordenó una agresión a un comerciante, utilizando pandilleros a los cuales les pagó, como consta en una carpeta de investigación de la Fiscalía estatal, se pone en el banquillo de los acusados a las víctimas de las arbitrariedades.
Por si fuera poco, antes de que hablen estas víctimas ya están condenadas y ya está el castigo. Primero, ser sometidas a una nueva campaña de escarnio, donde el alcalde, Marcos Aguilar Vega, continuando con su arbitrariedad, encabeza una campaña de escarnio, acusándolos nuevamente de delitos graves. Llama la atención que de estos delitos graves no se haya presentada ninguna prueba a la opinión pública, y no se ha abierto ningún expediente.
Y bien, nos encontramos con la respuesta de la autoridad municipal que es su negativa a cumplir la sentencia de amparo, y recurrir a la manipulación y a la desinformación para que una sentencia de amparo no se cumpla, algo muy extraño en alguien que es abogado en el cargo público, que tiene estudios de posgrado en Derecho Constitucional, que presidió la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y que aprobó la vigente y actual Ley de Amparo, que entró en vigor desde 2013, y que el propio presidente municipal votó las disposiciones 192, 193, 194, 195 y 196, que lo obligan a darle cumplimiento a una sentencia.
Además, el votó también al artículo 167 de la misma Ley de Amparo, que establece una pena de cinco a 10 años de prisión, multa de 50 mil días, hasta inhabilitación de cinco a 10 años para ejercer cargo público, para quien incumpla una sentencia de amparo.
Lamentable la actitud de la autoridad, pero también de muchos actores que están hablando con superficialidad. Nosotros hemos estado en la mejor disposición de escuchar propuestas alternativas, pero que se parta de los hechos, de que hay agravios, esos agravios incluyeron a su servidor como miembro de la dirección de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto y como asesor jurídico, haber sido víctima de una privación ilegal de la libertad, desde una orden de aprehensión, de una resolución que le sujetó a prisión preventiva y desde un auto de vinculación, todos ellos hoy declarados ya inconstitucionales también por la justicia federal. No fue menor el asunto. Sufrí privación de mi libertad, incomunicación y fui llevado a un módulo donde están los más peligrosos sentenciados por delitos.
Estamos ante una de las administraciones con resultados más pésimos, porque está la privatización del servicio de recolección de basura, un servicio que era de los mejores del país; no había ninguna justificación para liquidarlo.
El tema de los parquímetros, que unió con nosotros a gente que incluso no está de acuerdo con la reinstalación de la Alameda. Temas como las obras sin consultar de la avenida Ezequiel Montes, donde hay un descalabrado por orden de la autoridad municipal.
El despido de los trabajadores, el helicóptero, que tuvo un costo de varios millones de pesos, sin resultados. En general ha habido una administración municipal de imposición y soberbia, se le ha olvidado que el cargo si no es para obedecer a lo que digan los vecinos, es por lo menos para escucharlos.
