El objetivo central de la Legislatura es respetar la diversidad de opiniones y de perfiles, es necesario que se les dé la oportunidad a los ciudadanos que han obtenido su experiencia basándose en el trabajo práctico, pues ellos son quienes conocen de mejor manera las necesidades del sector al que representen.
Es por este motivo que no se puede permitir que exista una iniciativa en la que se obligue a los legisladores –que son representantes populares– a contar con estudios de nivel profesional, es una propuesta a todas luces inconstitucional y que viola derechos como el de la igualdad.
Nuestra Carta Magna establece que todos los ciudadanos tenemos derechos a votar y ser votados. ¿Dónde quedaría esta máxima de la democracia mexicana?
Particularmente, en mi caso, soy representante del sector popular del Partido Revolucionario Institucional (PRI); en este organismo creemos que los ciudadanos que tienen expertise desde el área práctica deben contar con el mismo derecho de representar a la sociedad y externar sus opiniones como la podría hacer alguien con licenciatura, maestría o doctorado.
No podemos limitar la participación de los ciudadanos en la vida política, eso está en contra de los derechos que se enmarcan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento base de la sociedad actual.
No hay mejor representante de la sociedad, para cada uno de los sectores sociales, que una persona que conoce las carencias y las necesidades de cada grupo.
Esta iniciativa no viene abonar al desarrollo de una mejor legislatura, por el contrario, es evidente que busca lacerar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas.
Sin duda, no podemos comparar escolaridad con capacidad, es decir, no podemos pensar que porque una persona tenga un doctorado pueda ser mejor que un campesino. A lo mejor sería que tiene mayor capacitación, pero los temas del campo y los beneficios que te da la práctica harán mucho más valiosas las aportaciones de los ciudadanos.
En el caso de que se aprobara la iniciativa que recientemente propuso la senadora Sonia Rocha (del Partido Acción Nacional), se estaría promoviendo que la brecha social que existe entre la clase política y los ciudadanos sea más profunda, cuando la exigencia que hoy se tiene por parte del grueso de la población es acortar dicha división.
La visión que se tiene sobre la administración pública se refleja en cada iniciativa, la presentada por la panista Sonia Rocha, con toda claridad, tiene la intención de segregar.
En el sector popular del PRI estamos enfocados a garantizar la inclusión, creemos en la igualdad de oportunidades y en el trabajo en conjunto con todos los sectores sociales, para poder abonar a un mejor desarrollo de nuestro estado y de todo el país.
Lo mejor es que se puedan tener tanto especialistas académicos, como especialistas en campo, expertos en las distintas áreas a las que representa la administración pública; con ello se tendrá un Poder Legislativo completo, plural y verdaderamente representativo.
Como CNOP (Confederación Nacional de Organizaciones Populares) estamos coordinados con los legisladores federales del PRI, por supuesto con los legisladores locales de nuestro partido.
Ya lo comentó en su momento el diputado Braulio Guerra, cuando se comentaba que esta propuesta está totalmente en contra de la visión original que tiene la Legislatura, recordemos que el Poder Legislativo es el cuerpo colegiado de representación, ahí se encuentran los representantes de los ciudadanos.
También hemos coincidido en opiniones con Mauricio Ortiz Proal, coordinador de la bancada priísta en el Congreso local, quien hizo una declaración similar a la de un servidor. También con María Alemán, quien es la diputada coordinadora de la fracción del Partido Nueva Alianza.
