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El delito de motín tiene su origen en el Código Penal del estado de Querétaro, con una situación muy clara: un amotinado es alguien que, con una directriz y un cuerpo colegiado, tiene que responder a ciertos patrones; cuando no cumple con esas circunstancias y afecta a terceras persona, entonces se considera aplicar el delito de motín.
Un ejemplo muy claro es cuando, de repente, los policías, que tienen la obligación de cuidar y hacer cuidar las leyes para todos los ciudadanos, irrumpieran en contra de algo legalmente establecido; es decir, que se juntaran teniendo armas y fueran a cometer algún ilícito.
En este caso, el delito de motín aplica, pero no es viable como lo ha empleado en su momento la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y hoy la Fiscalía General del estado, en contra de los ciudadanos que protestan por estar en contra de alguna norma y que salen a las calles a ejercer su derecho legítimo, establecido en la constitución, de asociarse o agruparse para señalar o externar su opinión.
Me parece que es incorrecto el como se está aplicando el delito de motín. Para esa fracción, obviamente el tema es replantear, eliminar delitos como éste, si se aplica para las condiciones que hoy observamos como ciudadanos.
Hay más de tres artículos en el Código Penal (motín, sedición y conspiración) en los que trabajamos una propuesta para eliminarlos definitivamente o cambiar su redacción y que quede claramente tipificado cómo aplicarse este tipo de instrumentos.
No coincidimos, insisto, porque la interpretación que se le da, al final de cuentas, es completamente incorrecta. Ha quedado, además, demostrado que es totalmente anticonstitucional. Ya hay jurisprudencia en el tema, en donde a raíz de los casos suscitados en la Ciudad de México, cuando fue la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, en ese momento la Procuración de Justicia aplicaba este tipo de delitos. Estos procedimientos se fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se declaró totalmente anticonstitucional aplicarlo a ciudadanos que ejercen su derecho de protestar.
Actualmente, pareciera que se está utilizando un nuevo sistema, que le da autonomía a la Fiscalía General para servir a un viejo régimen, que es, al final de cuentas, servir a quien le incomodó la protesta.
Yo diría que aplicar este tipo de elementos o sustentar este tipo de delitos en contra de activistas sociales los convierte, efectivamente, en un tipo de violencia política muy clara. Lamento mucho las declaraciones de la Secretaría de Gobierno, porque lejos de perseguir a quienes cometen los delitos, me parece que están persiguiendo efectivamente procesos electorales.
En una sesión de pleno, hice un exhorto muy claro, primeramente, a la Fiscalía para que aclarara justamente estos temas y explicará si era justamente este delito por el que se estaba imputando a Jerónimo Sánchez Saenz.
En su momento, la PGJ lo utilizó para acusar a Pablo González Loyola, quien salió exonerado por ser anticonstitucional. En ese momento, mencionaba que sería lamentable que la Fiscalía utilizara los mismos argumentos, términos y circunstancias para una situación muy similar y que viéramos un retroceso en la operación de la Fiscalía, cuya obligación es defender a los ciudadanos y no servir a un poder que sacó una lista que dice: “A estos no los quiero porque me molestan y no soporto que levanten la voz”.
Yo lamento mucho que haya grupos parlamentarios, que evidentemente se les olvida que aquí están representando ciudadanos y terminan representando a alguna persona o un grupo. En mi calidad de representante popular, siempre alzaré la voz en contra de lo que esté afectando a los ciudadanos y está es una situación que afecta directamente a la ciudadanía. Tenemos problemas mucho más graves en el estado, como los huachicoleros, personas desaparecidas y feminicidios. Me parece más importante que la Fiscalía General se enfoque a eso, en vez de perseguir a quienes alzan la voz.
