La Comisión Federal de Competencia puede imponer multas de casi 13 millones de pesos a los dueños del futbol mexicano y a cualquier persona que participe en la aplicación del “Pacto de Caballeros”, además de poder acabar con esta práctica que vulnera los derechos humanos y laborales de los jugadores en México.
“Como se indica en el Artículo 9 de la Ley Federal de Competencia (LFC), este acuerdo es una práctica monopólica absoluta, porque es un arreglo entre competidores, que tiene como fin fijar precios, establecer obligaciones que, puede ser esto de no adquirir a ciertos jugadores o imponer condiciones para su contratación, y por ahí se puede iniciar una indagatoria por parte de la Comisión”, explica en entrevista con EL UNIVERSAL el abogado Ernesto Meade.
Las sanciones para quien incurre en este ilícito son “la supresión de la práctica monopólica”, lo que supondría el fin del pacto, contrario a lo que afirmó hace unos días José Antonio García, presidente ejecutivo del Atlante, al mencionar que dicha medida se mantendría durante mucho tiempo.
Además, la Comisión Federal de Competencia impondría multas —según el Artículo 35 de la LFC— “de hasta por 10% de los ingresos del agente económico, derivados de la práctica monopólica y otras sanciones hasta por el equivalente a 200 mil veces el salario mínimo (12 millones 952 mil pesos) a quienes participen en ese acto”, agrega.
Según el litigante, cualquier futbolista o ex futbolista afectado, también un directivo que renuncie a la aplicación del acuerdo, puede ejercer la acusación.
“Puede ser una denuncia anónima, o alguna de las personas que hayan participado puede ir a la Comisión. Hay algunos beneficios, un presidente de un club puede decir ‘sí, yo lo he hecho, pero lo quiero dejar de hacer’ y por aceptar eso, hay algunas reducciones en las sanciones, siempre y cuando se entreguen pruebas fidedignas. Hay que documentar bien y la Comisión no tendría por qué no investigar”, asegura el abogado Meade.
Las declaraciones vertidas por parte de los directivos que han manifestado en este diario, la existencia y funcionamiento del “Pacto de Caballeros” pueden servir como elementos de prueba para imponer las multas, expone el especialista.
