En los primeros días de noviembre de 2018, pocas semanas después del inicio de la caravana migrante que entró por Chiapas con destino a Estados Unidos, dos camiones llenos de personas desaparecieron. Un grupo de entre 80 y 100 individuos, de diversas nacionalidades centroamericanas, en su mayoría mujeres y niños, fue invitado por unos hombres a subir a los vehículos que los llevarían a Sinaloa, donde les prometieron trabajo y techo. Casi un año después, nadie sabe dónde están.
EL UNIVERSAL reconstruyó la historia con testigos de los hechos, de los cuales no se dará ninguna referencia para su protección.
Las migrantes salieron de Isla Blanca, Veracruz, hacia Puebla, con intención de dirigirse a la Ciudad de México. En el primer punto, personas que venían en la caravana se subieron a camiones de carga; los choferes les cobraban montos variados, según los testigos.
Las unidades venían tapadas con toldos. Una de las personas que iban en la sección de la cabina bajó e hizo una lista con los nombres de los pasajeros.
Por este sistema partieron varios camiones de carga con migrantes, que dejaron a los tripulantes en una gasolinera en la capital de Puebla. Allí había otros dos autobuses de pasajeros esperando.
De acuerdo con los testigos, unas personas estaban a la expectativa de ver a las personas de la caravana. Los reunieron y les dijeron que les darían trabajo, casa y que les iban a pagar muy bien en Sinaloa. Pidieron credenciales, pero nunca se identificaron como miembros de alguna organización.
En ningún momento se denunció algún acto de violencia o que esas personas estuvieran visiblemente armadas o que amedrentaran a los migrantes.
De 2012
Secuestro, trata y tráfico de personas acaparan 51.4% de los ilícitos cometidos contra los extranjeros atendidos por la dependencia. Además, los registros de estos tres delitos aumentaron 802% de 2012 a 2018. También fueron los más reportados en 2014, 2013 y 2018.
Este diario solicitó una explicación al INM sobre cómo funcionan estas denuncias y por qué el desenlace para 845 de los quejosos terminó en un retorno asistido; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Para Alejandro de la Peña, coordinador de Atención y Servicios de la organización Sin Fronteras, seguramente hay un subregistro: “Ese número refleja a personas víctimas del delito que han tenido contacto con Migración. Eso ya implica una intervención de la autoridad, ya sea porque están ante el INM en un procedimiento administrativo migratorio o porque alguna otra autoridad los rescató de algún proceso de delito o de ser víctima de un ilícito y los puso a vinculación con la dependencia.
“Sin embargo, existe un gran número de personas que no tiene contacto con la autoridad, pero eso no significa que no sean víctimas de delito”, detalla.
a la fecha, el Instituto Nacional de Migración (INM) registra 4 mil 926 mil denuncias de personas migrantes víctimas de delitos, de acuerdo con datos de transparencia.
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