Hay al menos nueve casos de abuso sexual y físico ocurridos en el Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro (Indereq) que fueron denunciados ante autoridades judiciales y en la Controlaría estatal, además de que se sigue permitiendo el acceso a instalaciones públicas al entrenador Andrés Bustos, sentenciado por abuso sexual, señalaron en rueda de prensa padres de familia de presuntas víctimas.
Por ello, pidieron la destitución de Iridia Salazar Blanco, titular del instituto, quien, recordó Mario Govea, uno de los padres de familia y abogado que lleva varios de los casos, llegó al puesto tras revelarse más casos de abuso durante la administración de su antecesor, Edward Sánchez del Río, quien también fue denunciado tras la revelación de los casos en 2023.
Como recordó, Sánchez del Río fue destituido de su cargo tras revelarse al menos 10 casos de acoso sexual en el Idereq, que terminó con la salida de al menos dos funcionarios y que, cabe recordar, se realizaron en presuntas reuniones convocadas por la directiva de dicha institución estatal.
“De 2023 y de 2024, y podemos irnos hasta el 2012. No componen la autoría de Iridia Salazar, pero el atenderlos y acercarse a las víctimas no lo ha hecho. El gobernador le delegó y le valió. Estamos hasta aquí de que no se les pueda poner en alto. Y mencionar también que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas tampoco se ha acercado”, externó.
Además, señalan que Andrés Guzmán Bustos, entrenador sentenciado por abuso sexual en el Tribunal de Justicia Administrativa de Querétaro, sigue entrenando en el Parque Querétaro 2000, pese a que se notificó a Salazar Blanco acerca de dicha resolución.
Según Govea, el entrenador tiene aún dos estudiantes a su cargo y, al igual que otros casos de abuso, se están llevando a cabo en el programa estatal Talentos Deportivos, que apoya a alumnos de secundaria y preparatoria para que practiquen deportes de alto rendimiento.
“Mi hija sufrió violencia por parte de Guzmán Bustos, la denuncia está presentada en Contraloría y lo que hemos recibido es secretismo, encubrimiento y ha sido muy desgastante. Han cerrado muchas carpetas, no sabemos por qué, dado que el contralor nos informó que se revisarían todas”, señaló Citlali, familiar de otra de las personas víctimas.
En ese sentido, piden que el gobierno estatal destituya a Salazar Blanco por considerar que ha sido omisa en atender los casos, pero también abriendo una mesa de diálogo con los padres de familia para construir un protocolo para evitar los casos de abuso sexual y físico.