José Eladio Espino Monzón, vocal ejecutivo de la 4 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro, considera que uno de los riesgos principales del llamado Plan B de reforma electoral es que no se permita un cambio de gobierno tan “terso” como ha ocurrido en años anteriores.
Además, al contar el INE con menos personal y más atribuciones, puede disminuir “la calidad” de los procesos electorales.
¿Cómo va a afectar el plan B al INE en los estados? ¿Cómo va a afectar la vida democrática de este país y se consideraría un retroceso?
—Hay que reconocer que no necesariamente todo es malo. Hay algunos avances en lo que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas, el tema del voto de personas en prisión preventiva.
Sin embargo, lo que presenta ciertos riesgos del Plan B, sobre todo para la organización de los procesos electorales, tiene que ver con la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral. Algunas propuestas tienen el sello del centralismo en México que todavía no se acaba, a pesar de que somos una República federal desde hace muchos años, desde la Guerra de Reforma, seguimos arrastrando algunos vicios del centralismo, pensando que en provincia no pasa nada.
Al final de cuentas las elecciones se organizan en los distritos. En cada uno de los órganos subdelegacionales, es decir, cada uno de los 300, es donde se ubican las casillas, donde se instalan las mesas directivas de casillas, donde se capacita a ciudadanas y ciudadanos, donde se expide la credencial para votar con fotografía, cosa que no sucede a nivel central.
El Plan B desaparece juntas distritales ejecutivas y genera una especie de oficinas auxiliares y además no deja las 300, es decir, una por distrito, sino que considera unas 260.
El otro tema es la discrecionalidad para la toma de decisiones. Es decir, en este momento, como órgano colegiado, las juntas distritales sesionamos por lo menos una vez al mes e informamos de nuestras actividades principales al pleno. Todas las decisiones importantes se llevan a cabo de forma colegiada. Además de las sesiones de Junta Distrital, tenemos el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que es un cuerpo colegiado en el que participamos los vocales de la Junta Distrital y nuestro enlace administrativo que es nuestro contador.
Con el Plan B, todo eso, esa responsabilidad, recae en una sola figura, por supuesto, el riesgo de discrecionalidad es amplísimo y no necesariamente porque inmediatamente se vayan a producir malas prácticas, simplemente porque somos humanos y nos podemos equivocar. Podemos tomar una decisión equivocada y sin la orientación de un órgano colegiado, seguramente nuestras decisiones pueden ser, en algunos casos, erradas.
El riesgo que implica es la calidad de las elecciones de 2024. A lo mejor podrían ser, porque básicamente lo que se gasta en procesos electorales tiene que ver con temas logísticos y operativos que no pueden ser de otra forma. De todos modos van a costar más o menos lo mismo. El asunto es que sin esa fuerza operativa permanente que ya tenemos, el riesgo que nos trae caer en improvisaciones puede bajar la calidad y el apego a los principios rectores. El momento en el que nos encontramos no es el adecuado.
¿Con cuántas personas cuenta el INE actualmente para organizar las elecciones en el estado y a cuántas personas se tendría que despedir con el Plan B?
—En el estado de Querétaro tenemos cinco vocales, más una jefatura de oficina de seguimiento y análisis, que serían seis miembros del servicio profesional electoral, por cada una de las juntas distritales ejecutivas. En este caso estamos hablando de 28 figuras del servicio profesional electoral que desaparecerían.
Si consideramos que desaparecen cuatro vocales, además es probable que desaparezcan dos juntas distritales, es decir, dos oficinas auxiliares, que no se instalen por estar en la zona conurbada. En el caso de la Junta Local desaparecerían tres figuras. En el caso del personal administrativo estaríamos hablando de 52 personas.
¿El INE se encargaría de las elecciones estatales?
—Hay una imprecisión ahí. La propuesta que consideraba la desaparición total de los Oples era la propuesta de reforma constitucional que no pasó. Eso sí, el Plan B dice reducir a su mínima expresión las áreas de los Oples. Se mete con la estructura administrativa y además no les permite tener órganos desconcentrados permanentes, solamente deja un cascarón que es el órgano central. Limita la posibilidad de creación de áreas e incluso reduce algunas otras.
Ahí sí, definitivamente, atenta contra el pacto federal porque entonces en términos logísticos y operativos quedaría a cargo el INE prácticamente de la organización de esas elecciones y ellos básicamente como una autoridad de seguimiento, en el mejor de los casos, lo cual, más allá de las implicaciones del pacto federal, también tiene implicaciones operativas del instituto.
¿Le cargarían el trabajo al INE?
—Reduce [el Plan B] la capacidad operativa, pero no reduce las funciones, las atribuciones y las responsabilidades, por lo mismo, ese es uno de los riesgos. El instituto tiene las mismas facultades, atribuciones. En términos coloquiales, tenemos la misma chamba, pero con menos gente y con menos recursos.
¿Se correría el riesgo con el Plan B de que no hubiera un cambio de gobierno terso?
—De hecho, es un riesgo. Que no sea tan tersa. Tampoco nos vamos a poner fatalistas, que no se van a poder renovar los poderes. De alguna manera se va a realizar. Sin embargo, el riesgo de tener conflictos postelectorales es mucho más amplio.
Afortunadamente contamos aún con un modelo de pesos y contrapesos. Es decir, lo que determina el INE, lo que haga bien o lo que haga mal, en términos de realizar elecciones junto con la ciudadanía, puede pasar aún a revisión con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la autoridad en última instancia.