Hace 12 años encontraron a Gumaro de Dios Arias comiéndose a su amigo; el corazón de su víctima, un riñón y algunas costillas estaban en una parrilla. “La carne me sabía como a borrego”, dijo El Caníbal a los policías que lo detuvieron. El sistema judicial mexicano lo declaró inimputable: según las autoridades, la esquizofrenia paranoide padecida por Gumaro de Dios le impedía reconocer que estaba cometiendo un ilícito.
En las sombras del sistema penitenciario habitan centenares de personas como El Caníbal, pero actualmente no existen estadísticas oficiales sobre cuántos son los presidiarios que, por padecimientos mentales, han sido juzgados con inimputabilidad, es decir, carecen de la madurez física y mental considerada por la ley para exigirle la responsabilidad de sus actos.
La primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), publicada el lunes pasado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), no reporta el estado de salud de los internos. Tampoco el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, del mismo Inegi, proporciona esta información.
La Ley Nacional de Ejecución Penal establece el 30 de noviembre de 2018 como fecha máxima para que las personas inimputables cumplan sus penas únicamente en los establecimientos destinados para ese propósito, distintos de los centros de extinción de penas y de prisión preventiva.
Especialistas consultados por este diario prevén que las estadísticas sobre esta minoría penitenciaria podrían conocerse hasta 2020.
Sofía Cobo, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), se mostró sorprendida de que el Inegi no evaluara aspectos como la salud de los internos. Confía en que las variantes de la encuesta se amplíen.
“Datos importantísimos como salud, deporte y capacitación para el trabajo no están en la Enpol. Son temas que, si bien están establecidos para una vigencia posterior, la Constitución los marca como fundamentales para la reinserción de los presos a la vida pública”, aseguró.
Por su parte, Gabriel Regino, abogado penalista, señala que “si tomamos en cuenta que varios estados del país no tienen áreas especializadas para la atención de inimputables y personas con enfermedades graves, es importante que a estas estadísticas se agregue el factor salud. Si no se tienen estos datos, estos reclusos son inexistentes”.
Los únicos datos sobre esta población penitenciaria fueron reportados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 2016. En su informe “Situación de las Personas con Discapacidad Psicosocial e Inimputables en Centros Penitenciarios de la República Mexicana” indica que en 2015 había 4 mil 476 presidiarios con problemas sicológicos en el país.
La Enpol centra su estudio en las irregularides que se registran durante los procesos judiciales contra los acusados, como arrestos en flagrancia y sin orden de detención, violencia sicológica, presiones en los interrogatorios, privación de la libertad y robo de pertenencias, entre otras.
La inimputabilidad es un fenómeno al que el Estado mexicano prestó atención desde la década de los 90 con la construcción del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) en Morelos y el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi) en la Ciudad de México, las únicas instituciones a nivel nacional especializadas en atender a presidiarios como El Caníbal, quien sólo pasó uno de los ocho años en prisión dentro del Ceferepsi.
La mayor parte de su condena la cumplió en el penal de Chetumal, Quintana Roo, donde murió de SIDA en 2012.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, también de la CNDH, las dos instituciones especializadas sólo recluían a 578 personas hasta hace dos años, lo cual representa poco más de la mitad de la población que ambos centros pueden albergar, que es de 915 internos.
Como sucedió en el caso de Gumaro de Dios, estos dos centros funcionan en muchas ocasiones como recintos temporales a los que llegan reos de otras penitenciarías para obtener un tratamiento a su enfermedad y después volver a los penales de origen.
Que en la mayoría de los centros penitenciarios en México no existan las condiciones para albergar a las personas inimputables, además de que vivan en condiciones de hacinamiento con otros prisioneros, los hace vulnerables a ser víctimas de discriminación, aseguró Regino Macías, quien señaló que el presupuesto destinado al sistema penal no es suficiente para acondicionar las prisiones de acuerdo a la necesidad de las personas con daño sicológico.
A pesar de que la CNDH es la única institución con un reporte reciente sobre la población penitenciaria con problemas sicológicos, Gabriel Regino señala que esta instancia comete el error de distinguir en su reporte entre personas inimputables y con problemas sicosociales.
“Lo que maneja la ley es inimputable, cualquier otra categoría no tiene respaldo en los códigos penales ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si no se reformula el lenguaje de acuerdo a los códigos, sólo se provoca una gran confusión en la interpretación”.
Sin atención especializada
De acuerdo con el informe “Situación de las Personas con Discapacidad Psicosocial e Inimputables en Centros Penitenciarios de la República Mexicana”, de la CNDH, hasta 2015 la Ciudad de México era la entidad con más casos de inimputables, al reportarse 605.
No obstante, el hecho más reciente se dio el 15 de mayo pasado, cuando Juan René Silva Martínez cimbró al clero mexicano con tres cuchillazos sobre el cuello del párroco Miguel Ángel Machorro Mejía. La embestida hizo caer al sacerdote sobre su propia sangre y las plegarias a Dios se convirtieron en gritos de auxilio.
Una vez detenido, y ante la sospecha de que el agresor padeciera daños sicológicos, las autoridades capitalinas lo trasladaron al Centro Varonil de Readaptación Psicosocial (Cevarepsi) y, posteriormente, un juez lo consideró como inimputable.
Sin embargo, el padre Machorro fue declarado con muerte cerebral, dos meses y medio después, el 2 de agosto, y un día después falleció. Ese mismo día se dio a conocer que Silva Martínez será juzgado por homicidio calificado.
Mientras llega el día de la audiencia, el 6 de septiembre, el agresor del padre Machorro permanece en el Cevarepsi de la CDMX.
Otro caso de la historia reciente es el del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien podría ser enviado al Ceferepsi de Morelos si se le vincula a proceso, acusado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues presuntamente sufre depresión y ansiedad.
La lista de las diez entidades con más presos inimputables la completan Jalisco, Baja California, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Colima, Sonora, Puebla y Michoacán.
En el sistema de justicia mexicano son dos las autoridades encargadas de ordenar los peritajes correspondientes para saber si una persona es inimputabie: el Ministerio Público, que tiene la obligación de garantizar el respeto a la integridad del detenido, y el juez de control, quien interviene en los casos de las personas vinculadas a proceso. El Tribunal de Enjuiciamiento impone las medidas de seguridad.
Sofía Cobo explica que desde la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales se lleva a cabo un proceso que acredita si una persona con daños sicológicos participó en un delito y, si se imponen medidas para mejorar su salud mental, éstas no pueden ser más largas que la pena impuesta, por lo que un presidiario que aún no ha mejorado su estado, puede salir libre.
La experta considera que el proceso de justicia para atender a los inimputables es eficiente y cuenta con los recursos humanos, técnicos y legales para hacer valer los derechos de este sector de la población. Señala que los fallos no se encuentran en el proceso de dictar sentencia, sino en el sistema carcelario, que año con año recibe a personas con daño sicológicos.
En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, la CNDH hace un llamado a 18 estados de la República para atender de mejor forma a las personas con trastornos sicológicos, así como hacer valer los derechos humanos de cada uno de los internos.
La sobrepoblación, la falta de división entre los reos y la ausencia de espacios para tratar a los inimputables son algunas de las deficiencias que, según la investigadora del Inacipe, podrán ser subsanadas a partir de 2018. “Este sector poblacional privado de la libertad también se convertirá en un problema de la Secretaría de Salud que, por lo dictaminado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, deberá dedicar un monto económico a la atención de estos reos, además de instalar espacios acondicionados para la atención de los inimputables”, apuntó Cobo.
Para el levantamiento de la Enpol 2016 se visitaron 338 Centros Penitenciarios de los ámbitos federal, estatal y municipal en las 32 entidades federativas. Se entrevistaron a 58 mil internos, de los cuales 19.1% aseguró sentirse insegura al interior de su celda, mientras que 31.9% se sintió insegura en el Centro Penitenciario.