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Miguel Zúñiga Martínez es casi un adulto mayor y toda su vida se ha dedicado a la agricultura; con una educación muy básica, en la siembra y cosecha de rosas encontró la manera de obtener el sustento para su familia. Sin embargo, en los últimos cinco años ha peleado para que Petróleos Mexicanos (Pemex) le pague la indemnización por los daños que causó un procedimiento químico que aplicaron en sus cultivos, luego de un derrame por una toma clandestina. El único resultado de esta lucha es encontrarse a un paso de perder su patrimonio porque Pemex le ha negado el pago que exige.
Todos los días Miguel comienza su jornada de trabajo desde antes de las seis de la mañana y la concluye hasta que se oculta el sol. Diariamente acude a sus invernaderos —o lo que queda de ellos— en los ejidos de Chintepec y El Organal, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, donde realiza labores de todo tipo: supervisa el crecimiento de la planta, a veces corta las rosas o la hace de chalán para las reparaciones. Es lo que aprendió a hacer desde siempre y se niega a perderlo.
El derrame
En marzo de 2012, el derrame por una toma clandestina en ductos de Pemex, ocurrido en una parcela colindante con las tierras de Miguel, generó daños a más de 500 hectáreas de la zona, pues el crudo contaminó el canal de riego que abastece a los ejidos de Chintepec, El Organal, Palomas, La Valla y San Juan Clemente, todos en el municipio de San Juan del Río.
La fuga se presentó en el ducto de 20 pulgadas del tramo Tula-Salamanca, a la altura del kilómetro 174 de la carretera México-Querétaro.
Debido al daño, las autoridades determinaron cerrar el paso de agua del canal de riego y por 33 días los cultivos de rosas de Miguel —que ocupaban 1.75 hectáreas— no recibieron agua. Este suceso cambió el destino de su actividad y de su vida.
La falta de agua perjudicó severamente los cultivos de rosa, al ser plantas que requieren un riego constante que puede ser de hasta tres veces por semana o más, dependiendo de las características de las siembras. Debido a la carencia de agua, la producción de Miguel se detuvo drásticamente.
El ejidatario recibió una indemnización parcial; sin embargo, el daño mayor vino después, cuando al ver las afectaciones se entrevistó con Damián García Morales, gerente de Protección Ambiental de Pemex, y con Rubén Ortiz Cruz, subgerente del área, quienes reconocieron el detrimento y acordaron enviar a un especialista de la Universidad de Chapingo para que aplicara un tratamiento químico que ‘ayudaría’ en la recuperación de las tierras.
“En esa reunión hubo 10 personas, gente de Pemex de Querétaro y de Salamanca. Los gerentes que venían de la dirección de Pemex, de la Universidad de Guanajuato, y hubo una persona llamada Gerardo Noriega Altamirano. Él venía de la Universidad de Chapingo (…) reconocieron el daño y me dijeron que el ingeniero Gerardo Noriega estaba contratado por Pemex, que él venía de la Universidad de Chapingo y que es una eminencia para el daño que tenía, así me dijeron. Me explicaron que iban a aplicar un tratamiento y que en menos de tres semanas mi tierra iba a estar como si nada”, relató el agricultor.
Al recordar esa parte, Miguel voltea a ver sus tierras y los residuos del producto que aún yace en una zona de su parcela; lamenta haber aceptado el trato, pues este tratamiento químico logró que en dos días los tallos de las rosas se volvieran de color negro y las flores se echaran a perder. El enojo es mayor cuando recuerda que esas plantas afectadas apenas comenzaban su vida útil y había invertido por varios años para poder renovarlas periódicamente.
El tratamiento aplicado se basaba en composta, roca fosfórica, yeso y ceolita, además de foliares líquidos y fertilizantes líquidos, “son productos que no se aplican en la región, pero yo no podía desconfiar de un especialista y de los gerentes”. Para las 1.75 hectáreas dañadas se aplicaron cerca de 23 toneladas del producto; un área de las parcelas de Miguel sirvió para descargar la mezcla y, a la fecha, todavía hay montículos con este producto.
Desde ese momento comenzó la lucha del productor para que Pemex se hiciera cargo de las pérdidas, ya que el tratamiento fue muy agresivo con los cultivos, y a cinco años de haber sido aplicado, no han dejado de ir matando poco a poco las rosas que le quedan, pues incluso ya tuvo que desmontar un invernadero de poco más de media hectárea, debido a que todas las plantas murieron.
Negativa de la empresa
“En la aplicación nunca estuvo presente Gerardo Noriega (…) Cuando me doy cuenta del daño intento comunicarme con los gerentes de Pemex y se comprometen a ir a supervisar. La primera afectación es por el cierre de agua y la segunda por el tratamiento que metieron (…) llegó el subgerente Rubén Ortiz con personal y evaluaron; entonces me dijeron que los tallos se pusieron negros porque al realizar el riego el agua se contaminó con un bicho; eso no era verdad”, acotó el productor.
De esa revisión hay un dictamen emitido por la delegación de la Sagarpa en Querétaro —del cual EL UNIVERSAL Querétaro tiene copia— donde se determina que no se encontraron agentes contaminantes en el agua que fueran la causa del daño a los cultivos.
A raíz de esta situación, Miguel busca el apoyo del entonces senador de la República Eduardo Nava Bolaños, quien lo orientó para realizar algunos de los trámites. No hubo solución. Después el asunto llega a manos del también senador y ahora gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, quien logra que el agricultor tenga acercamientos con personal de Pemex, pero tampoco consigue avanzar en el asunto.
En 2013, Miguel inició un procedimiento ante el Órgano Interno de Control de Pemex, de tal manera que se investigue el procedimiento realizado por el gerente y subgerente. El personal asignado realizó las indagaciones y constató que había un daño por causa del tratamiento contratado. Sin embargo, al investigar al gerente y subgerente, ambos afirmaron no conocer a Miguel e incluso no haber tenido ninguna reunión.
Los años posteriores han sido para Miguel una búsqueda interminable de apoyo y asesoría jurídica. Sus oficios y peticiones han llegado hasta el titular de la Sagarpa, José Eduardo Calzada Rovirosa, y al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pasando por abogados y funcionarios locales que nada han podido hacer para ayudarlo. Incluso hay quienes le han dicho que ya no debe continuar con el asunto porque posiblemente ya prescribió.
Ahora, al haber pasado más de cinco años de aquel derrame en una toma clandestina, Miguel Zúñiga acude a trabajar. Sin embargo, en las últimas semanas ha tenido que arrancar decenas de plantas que ya no producen las rosas que sus clientes le piden. Acaba de pasar la temporada del 10 de mayo, una de las más fuertes para los productores locales, y apenas logró reunir 130 gruesas de rosas, cuando en años anteriores llegaba a casi 500.
Este productor sanjuanense también está a punto de perder las cinco hectáreas que tiene como propiedad y que son el patrimonio de su familia. A raíz del procedimiento legal y de la negativa de Pemex para indemnizarlo, en estos años se ha visto obligado a solicitar préstamos a diferentes instituciones financieras para invertir el dinero en sus tierras, pero la caída de su producción, en casi 70%, le ha impedido cumplir con los pagos.
Pero su otra preocupación es ver día a día cómo mueren las plantas que por años ha cuidado y renovado para producir rosas, la actividad que ha desarrollado toda su vida y que representa el único sustento para su familia.
