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Cristian “N” respiró aliviado cuando el juez Daniel Hugo Ramírez López dio un martillazo sobre la mesa del Tribunal de Justicia Penal de San Juan del Río, decretando la suspensión condicional del juicio que había iniciado 40 minutos antes.
–Felicidades, tienes una nueva oportunidad –dijo la experimentada defensora pública al acusado del delito de posesión de 20 miligramos de metanfetamina (cristal); un joven con alrededor de 24 años, residente de la comunidad suburbana de El Carrizo.
Cerrando un proceso que lo habría llevado a dictar una sentencia de inocencia o culpabilidad, el juez aplicó una de las “opciones alternas” que desde junio de 2016 instauró en Querétaro el denominado Proyecto Cosmos para el Nuevo Sistema de Justicia Penal: un “acuerdo reparatorio”.
Mediante el acuerdo, el joven quedó libre bajo la condición de acudir a un centro de apoyo para adictos y no cambiar de domicilio durante diez meses. Cumplido esto, se extinguiría la acción penal.
Con “presunción de inocencia”.
Al iniciar la audiencia, dos guardias de la Policía Estatal abrieron las puertas a los asistentes, incluido Cristian, quien optó por no hacer declaraciones a EL UNIVERSAL Querétaro; tampoco dijo nada mientras estuvo frente al juez.
–Sin menoscabo de tu presunción de inocencia, recordándote que tienes derecho de guardar silencio, y en caso de no hacerlo, a considerar que todo lo que digas podrá ser usado en tu contra, yo te pregunto, Cristian, ¿deseas decir algo acerca de la acusación que te hizo la Fiscalía?– inquirió el magistrado.
–No– respondió a secas.
La postura de Cristian no impidió que el expedito “acuerdo reparatorio” pactado entre la Fiscalía y la defensa, con aval del juez y de las nuevas reglas procesales, le dieran oportunidad de regresar a casa.
Juicios en “tiempo récord” .
Lábaro patrio y escudos del Poder Judicial de Querétaro al frente del salón, finos muebles de madera, asientos cómodos, sonido impecable, sistema de cómputo y video para grabar en cuatro ángulos. Cordialidad entre Fiscalía y defensa. Respeto absoluto para el juez, ataviado con toga negra y provisto del simbólico mazo judicial.
Así luce una de las dos salas de justicia penal oral de San Juan del Río, que también funcionan en la ciudad capital y en los municipios de Amealco, Cadereyta, Jalpan de Serra y Tolimán, de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro (TSJEQ).
Cada 30 días, un promedio de 9.3 procesados por delitos “menos graves” reciben suspensiones condicionales para sus procesos en alguna de estas salas, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), en cuyo primer informe de actividades se destaca la rapidez con la que se celebran las audiencias orales: “tienen un promedio de duración de una hora”, en tanto que las más complejas “un record de hasta cinco horas”.
Para su trabajo ministerial, la FGEQ ha priorizado en el último año los llamados Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, habiendo otorgado ya un total de seis mil 344 “acuerdos reparatorios”, de entre nueve mil 892 carpetas de investigación abiertas desde julio de 2016.
Estas “salidas alternas” fueron creadas para descargar a las instancias de procuración de justicia de la atención que daba a los procesos por delitos menos graves, así como a las tres sedes del Centro de Reinserción Social (Cereso) del sobrecupo en que se encontraban hasta 2015.
Acuerdo reparatorio.
El enjuiciado Cristian –uno de los 46 presuntos narcomenudistas que cada 30 días son consignados por las 18 policías municipales a la FGEQ– llevaba ya tres meses de estar metido en un lío judicial.
Todo comenzó el 21 de febrero, cuando dos patrulleros sanjuanenses lo trasladaron a una agencia del Ministerio Público, acusándolo de traer en la bolsa de su chaleco un sobrecito de plástico que contenía “20 miligramos de una sustancia con características propias de la metanfetamina (cristal)”.
Aún cuando el MP fincó al joven un cargo que no ameritaba la prisión preventiva, si optó por consignarlo a proceso, de modo que durante el tiempo en que esperó el citatorio del juzgado tuvo la oportunidad de asesorarse con una abogada del Instituto de la Defensoría Pública (IDP).
Esa mañana, al celebrarse el esperado juicio, Cristian ya parecía seguir la estrategia trazada por su defensora, dado que guardó silencio tras oír la acusación que le dictó la Fiscalía, así como ante las oportunidades brindadas por el juez, quien tras avalar su “derecho al silencio”, procedió a emitir el auto de vinculación al proceso.
Tras oír la acusación de las dos abogadas representantes de la Fiscalía –basada en el dicho de los patrulleros–, el magistrado atendió a la defensora, quien en lugar de refutar la acusación, pidió para su cliente el beneficio de la suspensión del juicio, alegando que la presunta tenencia de 20 miligramos de droga no implicaba –más allá de la veracidad de la acusación policial– un fin de lucro.
Sin alegar nada, la Fiscalía dijo estar de acuerdo con la defensa, y solicitó al juez que procediera a otorgar el “acuerdo reparatorio”, dictamen que 10 minutos después puso el corolario al juicio.
“Cambiar el chip”.
Consultado por EL UNIVERSAL Querétaro, el penalista Héctor Rodríguez González dice que “ya es hora de cambiar el chip. Nuestra sociedad está culturalmente acostumbrada al castigo y no a la solución de conflictos. Hay qué acabar con cierta vieja idea: ‘mis abogados son bien perros y se van a ir con todo’. Hay que cambiarla por otra frase: ‘mi abogado está aquí para llegar a un acuerdo.”
Basado en los casos de injusticia, corrupción y burocracia que observó en los tribunales desde que egresó de la universidad, Rodríguez González reitera su optimismo por los nuevos juicios:
“En los antiguos juzgados conocí a un señor que estaba preso porque un día andaba crudo y se robó unos cacahuates y una coca. Fue hace años, porque el monto robado era de siete pesos. Pero el hombre se pasó años ahí porque no tuvo para pagar la multa, que era de mil pesos, una fortuna para él. Podemos decir que al juez no le importó nunca, porque jamás buscó conocerlo. De hecho, pocos en el juzgado lo conocían, se encerraba en su privado.
Actualmente ya existe lo que se llama: relación directa del juez con las partes. Todo se hace ante su presencia. Ya no puede delegar, ausentarse, como antes. Tiene qué estar ahí y él se hace responsable. Antes resolvía con expedientes, ahora resuelve con lo que escucha. Es aquí y ahora”, dijo el penalista.
“En cuanto al defensor, este ya debe tener herramientas para saber ganar una audiencia oral. No puede, como antes, pedir un receso y decir: déjame checar un papel, déjame ver libros, déjame le pregunto a un cuate. Es aquí y ahora. Incluso, el defensor está en riesgo cuando incurre en incapacidad técnica, porque se le puede sustituir y asignar un defensor público a la víctima.
En síntesis, ahora tenemos una alta exigencia para todos los operadores del sistema de justicia, incluidos los abogados, quienes debemos mostrar capacidad y competencia profesional. Saberlo hacer, aquí y ahora”, cerró.
