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Cada vez que su jefe lo castiga o cuando pierde un volado ante sus compañeros, Melitón (nombre ficticio) se quita el arma de cargo, las botas, el uniforme azul y procede a cumplir tres horas de trabajo como “albañil” del gobierno municipal.
Es uno de los 35 policías del ayuntamiento de Peñamiller que construyen por mano propia y de manera supuestamente voluntaria su cuartel; ello sobre un predio contiguo a la central de autobuses que les fue donado por un particular.
Policías sin cuartel
Desde hace 30 meses, la policía peñamillerense se quedó prácticamente en la calle: sin oficina ni vestidores, cuando la recién llegada edil, Margarita Hernández Aguilar, ordenó al cuerpo policial dejar el inmueble que arrendaba en el Centro Histórico debido a un “ahorro de recursos en rentas”, según consta en un acta de cabildo de noviembre de 2015.
Para no incomodar a su nuevo comandante, Álvaro Montes, los agentes acataron la singular orden, accediendo tanto a edificar la nueva sede como a distribuirse físicamente en oficinas “prestadas” (que hasta hoy ocupan); algunas en la estación camionera, otras en un juzgado y unas más en un traspatio.
La idea de usar a los policías como alarifes fue de la alcaldesa, quien sólo esperó unos meses a que los guardianes del orden levantaran los primeros muros para organizar un acto público en el que se retrató junto a sus subordinados, empuñando ella misma una cuchara con mezcla y pegando un ladrillo.
Obras a la mitad
Pero la realidad rebasó a los antes entusiastas voluntarios. Transcurridos dos años y medio desde que iniciaron la obra, el avance es de 50%, según pudo comprobarlo EL UNIVERSAL Querétaro.
Varillas oxidadas, pilas de arena y tabiques en desuso se ven junto al cascarón que un día será la sede policial, pero cuyas fechas de potencial inauguración por parte de la alcaldesa se han pospuesto hasta tres veces dentro del periodo, según cuenta uno de los guardias con los que charló este diario.
El atraso de la anhelada obra se atribuye a la falta de “tiempo libre” de los policías; sin embargo, otra razón que se maneja internamente es el “enojo” del mismo personal, que lejos de sentirse reconocido por su apoyo, ahora ve las faenas de albañilería a modo de “trabajo forzado” o por “castigo” de sus superiores.
La última vez que los ciudadanos de Peñamiller vieron a un grupo grande de policías alzando palas y carretillas fue a mediados de marzo, en víspera de la visita al municipio del gobernador Francisco Domínguez Servién y de otros miembros del gabinete estatal.
Al margen de aquella ocasión, las jornadas constructivas se han venido dando a marcha lenta y en grupos reducidos, con periodicidad de hasta tres días por mes.
El nerviosismo permea entre los mandos de la tropa, al mirar el calendario y todo lo que falta por hacer: pisos, herrería y acabados, temen que la alcaldesa no corte el listón inaugural antes de acabar su gestión.
Carencias de la corporación
Los 35 elementos de la dirección de Seguridad Pública de Peñamiller no la han tenido fácil durante la administración (2015-2018) de Hernández Aguilar.
Apenas llegó al cargo, la edil sacó a los policías de su cuartel, pero también les congeló salarios, la autorización para nuevas plazas y les escatimó gastos de gasolina para las patrullas, entre otras necesidades.
Con ocho vehículos, entre camionetas Pickup y cuatrimotos (además de cinco unidades descompuestas y sin refacciones); los guardias fungen también como paramédicos de la única ambulancia que poseen, dado que tampoco hay plazas para contratar a personal de enfermería.
Para colmo, los policías dicen ejercer su trabajo cotidiano desmotivados, al percibir uno de los salarios más bajos de la entidad: 3 mil 200 pesos quincenales, además de no contar con seguro médico y con ninguna prestación laboral.
En casos de accidente, los uniformados deben atenderse por su cuenta (algunos han contratado el Seguro Popular) y sólo en casos especiales, que autoriza la edil, reciben reembolsos por gastos médicos o por horas extra, no necesariamente atribuidas a su labor dentro del ramo de la construcción.
Baja vigilancia en el municipio
Con 17 mil habitantes, situado al final del semidesierto e inmerso en las primeras montañas de la Sierra Gorda, el municipio de Peñamiller posee seis delegaciones que agrupan a un total de 142 localidades; en su mayoría muy pequeñas y dispersas dentro de un encrespado territorio de 797 kilómetros cuadrados.
La geografía del área dificulta las tareas de vigilancia que tiene a su cargo este cuerpo policial, mismo que, según documentos vistos por este medio, requiere de al menos 20 plazas nuevas para poder patrullar más allá de las dos delegaciones (las más céntricas) que hasta hoy alcanza a cubrir.
Peñamiller tiene uno de los menores índices delictivos del estado (329 delitos del fuero común por año); sin embargo, regidores se quejan de “grave ineficiencia policial” y citan ejemplos en que el nulo patrullaje en sitios despoblados ha facilitado asaltos a autobuses, a traileros, a camionetas de reparto comercial y hasta de víveres para programas sociales.
La valoración de “ser un cuerpo policial no certificado, sino empírico” destaca entre los argumentos esgrimidos por regidores para no autorizar mayores recursos para la seguridad.
A finales de 2017, la propia Margarita Hernández declaró a los medios que su personal policial no contaba “con el perfil necesario” para ejercer tareas de seguridad; razón por la cual evaluaba la necesidad de “contratar nuevos perfiles que sí puedan llegar a obtener la certificación estatal.”
“Se degrada al policía”
En charla con este diario, el ex alcalde de Peñamiller, Eleazar Munguía Olvera, quien contiende en la actual campaña por el par tido Convergencia para obtener un nuevo periodo de gobierno, fustiga que la presidenta municipal “degrade a sus policías poniéndolos a hacer trabajo de albañiles”.
“Creo que no se cuidaron las formas y se dañó el amor propio de los compañeros. No lo digo por menospreciar el trabajo de construcción, pero la policía debe transmitir una imagen de autoridad, y andar pegando ladrillos la degrada de manera pública”.
Munguía Olvera, aquí mejor conocido como Juve, dice que la supuesta “falta de recursos” en el ayuntamiento no justifica el hecho anterior; “menos aún si consideramos el gran salario que gana la alcaldesa, que es de 70 mil pesos mensuales”.
“Una irresponsabilidad”
Para Lupita Alvarado, quien también compite bajo la modalidad de independiente por la alcaldía de Peñamiller, resulta “una irresponsabilidad” de la actual administración poner a los policías a construir su cuartel.
“Es una falta muy grave, una irresponsabilidad, una falta de actitud de servicio de la alcaldía para con los ciudadanos. No sólo es el hecho de que se distraiga a los policías de la seguridad, sino que partimos de un absurdo: es una cosa básica que los policías tengan un centro de trabajo y un módulo de atención ciudadana.
“Es un absurdo, una irresponsabilidad, que desde hace tanto tiempo no tengan un cuartel, y que todavía los sometan para construirlo”.
“Abuso de autoridad”
Cuando el sociólogo Carlos Arturo Baños Lemoine se entera por este medio del caso de los policías-albañiles de Peñamiller, no oculta un rostro de estupefacción y de inmediato recuerda una de las leyendas más oscuras de la historia policial de México.
El académico se refiere al caso de Arturo Durazo, ex jefe policial de la Ciudad de México (1972-1982), quien también ocupó como albañiles a 650 policías de su corporación; aquello para edificar tanto su tristemente célebre Partenón de Zihuatanejo, como su exótica casona de la demarcación de Tlalpan.
“Es increíble que la historia del abuso del poder en México no termine. Porque aunque ahora estemos hablando de una mini réplica del caso Durazo en un pequeño pueblito de la Sierra de Querétaro —un caso que a lo mejor podría parecernos inocente—, no deja de ser un obvio abuso de autoridad que debería de ser castigado”, puntualiza Baños Lemoine.
