Barbacoyeros y cuidacoches de paraderos turísticos de la autopista México-Querétaro son algunos de los habitantes de una finca histórica del siglo XVIII, situada a cuatro kilómetros de la caseta de peaje de Palmillas, en San Juan del Río.
Se trata de una exhacienda que hasta 1718 fue propiedad del marqués de Villapuente, acaudalado benefactor hispano de la Compañía de Jesús y del Fondo Piadoso de las Californias, instancias que ejercieron la evangelización y operaron tierras del Camino Real de Tierra Adentro.
Actualmente, una veintena de familias de trabajadores de negocios ubicados en las laterales de dicha carretera habitan predios y ruinas (aparentemente sin dueño) que en el pasado asentaron casas para peones de la exhacienda, ahora alzadas con materiales plásticos, tablones publicitarios y mallas de alambre.
Por lo que toca al corazón del viejo latifundio, la Casa del Hacendado, esta es propiedad del actual líder de comerciantes del Parador Turístico Palmillas, Jesús Romero Pedraza, quien dice a este diario llevar tres décadas queriendo concluir un sueño familiar: restaurar el sitio y convertirlo en un hotel.
Inmueble catalogado (clave 22.016.141) por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el casco de la finca —con 300 años de antigüedad y 6 mil metros cuadrados— ha tenido 40 sucesivos dueños; entre éstos la sanjuanense Sara Pérez Romero, esposa del ex presidente Francisco I. Madero.
Palmillas es una de las 143 haciendas (y 31 ranchos) que hasta la Reforma Agraria de 1930 tenía inventariados el estado de Querétaro, de entre las cuales sólo una cuarta parte se preserva, según especialistas consultados por EL UNIVERSAL Querétaro.
A excepción de unos 40 cascos de haciendas que hoy operan como hoteles, sedes para fiestas, escuelas o edificios públicos, la mayor parte de este acervo inmobiliario se ha venido perdiendo.
Lo anterior, debido a la extinción o falta de recursos de sus dueños, así como al olvido o bajo presupuesto de las instancias culturales de municipios, gobierno del estado y autoridad central y regional del INAH.
A mediados de 1955, el campesino Francisco Romero Bautista pudo darse el lujo de comprar el casco de la hacienda en que inició su vida laboral, primero siendo peón y luego el mayordomo.
La compra la logró gracias a la plusvalía que a lo largo de dos décadas obtuvo de las tierras ejidales que le dio el gobierno del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río, tras el reparto agrario de 1936.
“Mi padre compró una casa en ruinas, sin barda, con piso de tierra y sin techos. Así nos metimos a vivir toda la familia, cuando yo era un niñito campesino”, relata a EL UNIVERSAL Querétaro Jesús Romero Pedraza, heredero del ejidatario, quien desde los años 90 dice perseguir el mismo sueño de su antecesor: convertirla en un hotel.
Ingeniero civil de profesión, Romero Pedraza se ha propuesto restaurar la casona por su cuenta, obra con la ha podido avanzar hasta 30% en tres décadas. “Los trabajos son muy costosos y ningún gobierno nos ha querido o podido dar algún apoyo”.
En contraparte a la falta de apoyo gubernamental, el empresario señala que por tratarse de una edificación histórica, se ve obligado a seguir lineamientos que rige el INAH, dependencia federal que “si acaso vigila, pero tampoco ayuda.”
Dirigente de la Asociación de Restauranteros del Parador Turístico Palmillas, Romero Pedraza afirma que a la fecha se ha acercado a cinco gobernadores de la entidad y a una docena de ediles sanjuanenses, buscando que alguno lo ayude a transformar la hacienda en un polo turístico. Sin embargo, resume, “ha sido una historia de dar puras vueltas”.
Romero Pedraza se declara ajeno al problema de los predios que apenas afuera de los muros de su finca están ocupados por precaristas. “Yo sólo le puedo hablar de mi casa para adentro”.
“Palmillas es la puerta de entrada a Querétaro, pero es una comunidad con grandes necesidades. Se originó dentro de una enorme hacienda agrícola, pero ahora no tiene más fuentes de empleo que las que se dan a lo largo de la carretera. Precisamente por ello, es una lástima que aún no podamos convertirnos en un polo de desarrollo.”
“Está prohibido hacer sus necesidades aquí. ¡Respeten!”, se lee sobre uno de los muros que quedan en pie de una de las haciendas más antiguas (siglo XVII) de la entidad.
La advertencia contra la suciedad y el vandalismo que aqueja a la exhacienda de San Nicolás de La Torre, en el municipio de Amealco de Bonfil, está escrita con grandes letras trazadas con brocha gruesa y pintura de color azul intenso.
“La hacienda es del pueblo y es nuestro orgullo. La misma gente la cuida, aunque sí es verdad que hay los que no saben cuidar las cosas. Hacemos lo que podemos, porque el municipio tampoco manda gente ni nada”, dice Patricia Flores, nacida en San Nicolás de la Torre y bisnieta de Francisco Pardo, quien habría sido la última administradora de la antigua finca agrícola antes de que en los años 30 pasara a poder de ejidatarios.
Además de ser eventualmente utilizada como baño público, basurero o espacio para el grafiti, la vistosa arquitectura que prevalece, dotada de arcos y columnas, parece despertar la imaginación de pobladores o visitantes, quienes suelen tejer leyendas acerca de “tesoros” que estarían ocultos bajo tierra, en supuestos túneles o hasta en los muros.
Para Adrián Nava, esposo de Patricia, resulta “una pesadilla” la visita frecuente de “buscatesoros” de otros lugares del país, inclusive del extranjero, quienes llegan hasta provistos de aparatos supuestamente detectores de metales, con los cuales se dedican a hurgar entre los recovecos.
“Que sepamos, nadie ha encontrado nada, pero cómo friegan con sus cuentos chinos. Varias veces hemos visto gente picando la piedra o perforando el suelo y se han metido hasta con maquinaria pesada. Yo desde que era niño he visto esas escarbaderas, pero nunca he sabido de nadie que encuentre un tesoro”.
Vista por el frente, la exhacienda de Santa Lucía luce bien cuidada, provista de una oficinita de uso municipal y de una biblioteca de reciente creación, dotada de casi 3 mil libros de utilidad para escolares.
Pero en su cara trasera, las ruinas del siglo XVIII se pierden entre basura, excrementos y rastros de fogatas que constantemente son encendidas.
La finca fue construida en 1710 por el terrateniente José Osornio, antecesor de quien dos siglos después sería gobernador queretano y un férreo agrarista, Saturnino Osornio, quien cedería el dominio a ejidatarios.
Ciudadanos preocupados por el rescate del inmueble difícilmente verían aparecer a un guardia, dado que pobladores de la misma comunidad de Santa Lucía se quejan de no contar con vigilancia por parte de la Policía Municipal de San Juan del Río, acotando que esta sólo acude —“si tenemos suerte”— durante casos de emergencia.
“Aquí, apenas si conocemos las patrullas de San Juan del Río; pero mejor así, nos defendemos solitos”, dice Domingo Ugalde, ejidatario y dueño de un negocio. Lo acompaña Lourdes, vecina suya, quien apoya la aseveración.
Como otra paradoja histórica, Ugalde comenta que si bien “nadie debería discutir que la hacienda pertenece al pueblo”, existe un litigio que ya está por cumplir seis años en juzgados sanjuanenses, debido a que un particular (presunto empresario inmobiliario) les disputa la mitad de los predios, asegurando ser “heredero” por parte de un familiar suyo fallecido hace 50 años.
Mientras la exhacienda se pelea en tribunales, en esta comunidad de mil 500 habitantes, catalogada por el Coneval con grado de marginación alto, las carencias de servicios básicos resultan evidentemente más importantes.
“Nos hace mucha falta el drenaje: tenemos fosas sépticas, pero ya están muy viejas. Ya llevamos al municipio el proyecto, pero no nos lo autorizan. Igual pasa con una clínica, que nos urge. Ya está el terreno, pero no dan los recursos. Como que en San Juan del Río nos tiene castigados. Será que estamos muy lejos, pero no se vale —dice Lourdes, no sin puntualizar: “No estamos en resignación, sino en enojo”.