José Torres salió al traspatio de su casa, guiado por un olor a gasolina, y rápidamente supo que en el sembradío que le queda enfrente se derramaba un ducto de Pemex. Una hora después, vio llegar a la policía y más tarde a un piquete de soldados.
Acostumbrado a vivir a 200 metros de donde pasa el poliducto Tula-Salamanca, el comerciante apenas se distrajo de sus actividades diarias, y en ningún momento se acercó al campo que, según oyó decir a un patrullero, “nadaba en gasolina”. Tampoco supo de ningún familiar o vecino que se atreviera a pisar la zona de la contingencia.
–De guarín me iba a meter, si es bien peligroso– dice Torres a EL UNIVERSAL Querétaro mientras atiende una tiendita doméstica del barrio Nuevo San Isidro, situado entre las comunidades de Santa Matilde y El Carrizo, municipio de San Juan del Río, donde el pasado 25 de enero fue reportada y atendida por autoridades una fuga de 40 mil litros de hidrocarburos.
Destaca José la paradoja de “vivir tranquilamente” en su pueblo, aún sabiendo de fugas de combustible, incendios de tomas o de vehículos de huachicoleros. “Si usted se fija, de aquí a Santa Matilde es de los pocos lugares de San Juan del Río donde todavía se siembra el campo: hay maíz, alfalfa, sorgo, frijol y muchas cosas, también ganadería”.
Torres lamenta que los sucesos delictivos atraigan a periodistas y gente de fuera, porque “luego dicen que acá todo mundo es huachicolero”, lo cual le parece falso. “La verdad es que los que se dedican a eso no son de aquí. Imagínese, si eso deja hartísimo dinero, si todos le entráramos, no estaríamos tan fregados.”
El barrio Nuevo San Isidro no tiene pavimento en la mayoría de sus calles. Decenas de casitas lucen tabique pelón y techo ligero. La sensación de ser un área urbana sólo la dan extensas bardas que, en realidad, cubren antiguos ejidos. El alumbrado opera a razón de un foco por cada 200 metros. De entre los inmuebles acabados, destacan una escuela primaria federal y un templo.
San Isidro es una de las 50 comunidades de la entidad que son surcadas por dos extensos poliductos subterráneos para gasolina y diesel que a lo largo de un trayecto bidireccional entre las refinerías de Tula, Hidalgo, y Salamanca, Guanajuato, cruzan cuatro ayuntamientos queretanos: Corregidora, Huimilpan, Pedro Escobedo y San Juan del Río.
A diferencia de los tres primeros municipios, donde ambos ductos afectan a 18 localidades, en el caso de San Juan del Río la cifra es de 32 comunidades, dado que al entrar a territorio sanjuanense las tuberías se separan, abrazando literalmente el corazón de un ayuntamiento que además tiene una gran concentración urbana dentro de las rutas petrolíferas.
De acuerdo con el trazo geográfico de ambos poliductos (ver mapa), al menos 50 comunidades queretanas serían beneficiarias del nuevo Plan de Desarrollo para el Bienestar (PDB); paquete de estímulos económicos recientemente anunciado por el gobierno federal destinado a apoyar a las familias de 91 municipios del país afectadas por el paso de las tuberías de Pemex.
Atendiendo un discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, los beneficiarios del PDB recibirán mensualmente un estímulo económico promedio de ocho mil pesos por familia, monto que se distribuirá en tres subprogramas para ser adjudicados de manera independiente, de acuerdo con cada caso: Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad y Jóvenes Construyendo el Futuro.
Construidos en 1993, los poliductos Tula-Salamanca poseen una longitud de 240 kilómetros; el primero de estos con un grosor de 12 pulgadas y capacidad operativa de 68 mil barriles diarios, mientras que el segundo, de 16 pulgadas y 87 mil b/d.
Además del Tula-Salamanca, otros cinco ductos (para gas, petróleo y gasolinas) cruzan la entidad, incluido un gran ramal de 12 pulgadas, el cual parte de Corregidora y llega a San Luis Potosí, cruzando toda la capital queretana. Sin embargo, según datos de Pemex, la ruta afectada por el huachicoleo se concentra en los municipios de la zona sur.
Siguiendo cifras de la petrolera gubernamental, un total de 304 tomas clandestinas se reportaron en la entidad durante 2017 (25 casos por mes), mientras que durante los primeros diez meses de 2018 el promedio mensual subió a 27 casos, sumando 275 hasta octubre del mismo año.
De acuerdo con datos obtenidos por este diario, un 80 por ciento de las tomas clandestinas detectadas en la entidad se concentra en San Juan del Río, municipio donde también pasa el gasoducto Ciudad Pemex-Guadalajara, mismo que hace tres años ganó triste notoriedad al estallar una toma clandestina dentro del céntrico Barrio de la Cruz.
Tres años después, lo único que ha cambiado aquí es la altura de la hierba, que hoy rebasa los dos metros. El predio conocido como La Fortaleza, donde el 26 de enero de 2016 estalló una toma clandestina de gas que causó quemaduras graves a policías y bomberos sanjuanenses, se mantiene tan abandonado como en su momento lo dejó (bajo sellos de clausura) la Procuraduría General de República (PGR).
Sin difundirse nunca por parte de la autoridad los resultados de la carpeta de investigación abierta en su momento, sin saberse quiénes construyeron dentro del supuesto taller mecánico un túnel que se conectaba a un gasoducto, el Barrio de la Cruz parece congelado en el tiempo y dentro de su precaria situación; tanto por el riesgo que corre por los ductos de Pemex que pasan por debajo como en materia de servicios públicos y de índole social.
Más allá de una reciente pavimentación de tres cuadras de una sola calle (Chabacano) y el recambio de algunos focos fundidos, vecinos de este barrio denuncian a EL UNIVERSAL Querétaro que ninguna obra pública se ha realizado, aun cuando el pasado 27 de junio de 2016, a raíz de la explosión, las autoridades de los tres órdenes de gobierno anunciaron apoyos específicos por un monto de “32 millones de pesos”.
Ni siquiera un parque público –el que “sería financiado por Pemex”, según dijo la autoridad local– ha podido hacerse en este emblemático barrio sanjuanense; sede de los primeros vestigios prehispánicos de Querétaro, con antigüedad de 500 años, que hasta ahora son resguardados bajo llave por la iglesia, a falta de un “museo” que también fue prometido.
Tres años después de una explosión de un túnel que extraía ilícitamente gas butano, los muchos postes y láminas amarillas que advierten al transeúnte acerca de la peligrosidad del área siguen siendo los principales iconos representativos del paisaje de este sitio histórico.
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