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José Manuel Saiz-Pineda, ex secretario de Finanzas de Tabasco durante la administración del priísta Andrés Granier Melo (2007-2012), está acusado de conspiración para lavar dinero y cometer fraude fiscal, por las autoridades de Estados Unidos, anunció el fiscal estadounidense, Abe Martínez.
De acuerdo con los documentos judiciales revisados por EL UNIVERSAL y que se hicieron públicos el pasado viernes, la fiscalía estadounidense buscará incautarle al tabasqueño al menos siete propiedades en EU (un apartamento en Nueva York, tres en Miami, uno en Los Ángeles y dos residencias en Texas), con un valor aproximado de 50 millones de dólares en su totalidad, así como seis cuentas bancarias, una de ellas abierta en el paraíso fiscal de las Islas Bermudas.
Saiz-Pineda se encuentra detenido en Tabasco acusado de enriquecimiento ilícito, tras ser detenido en 2013 cuando trataba de escapar a la Unión Americana.
La acusación formal y las consecuentes órdenes de detención se introdujeron hace justamente un mes, pero fue hasta el viernes cuando un juez federal del Distrito Sur de Texas permitió hacerlo público.
La revelación se produjo apenas dos días después de que las autoridades estadounidenses detuvieran, por estar relacionada con la trama de corrupción, a la esposa de Saiz-Pineda, Silvia Beatriz Pérez-Ceballos, en su residencia texana de Sugar Land. Encarcelada sin fianza, el próximo martes 30 de mayo deberá comparecer ante la juez encargada del caso, Dena Palermo.
Además del matrimonio, las autoridades estadounidenses relacionan a su socio Martín Alberto Medina-Sonda, también encarcelado en México, como parte de la trama.
La condena por conspiración para cometer fraude bancario conllevaría una pena máxima de 30 años de cárcel y hasta un millón de dólares en multas. De resultar culpables del otro cargo, conspiración para lavar dinero, se enfrentarían a un máximo de 20 años de prisión y una posible multa de medio millón de dólares.
El Departamento de Justicia detalló en el anuncio que la investigación, acusación y cargos se produjo gracias a la colaboración entre el Grupo de Trabajo contra la Delincuencia Criminal Organizada en Houston y Corpus Christi (Texas) la Agencia Antidrogas (DEA), la división de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Públicos (IRS) y la ayuda de agentes del estado de Tabasco.
El ex gobernador Granier Melo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también está preso desde 2013, acusado de malversación de fondos y corrupción.
Si los tres acusados son condenados por lavado de dinero, cada uno enfrentará hasta 20 años en una prisión federal y una posible multa máxima de medio millón de dólares.
Asimismo, la conspiración para cometer fraude bancario conlleva una pena máxima de 30 años en una prisión federal y hasta una multa de un millón de dólares.
