De nueve a 11 meses podría durar el proceso penal en contra del ex funcionario del Indereq, Mauricio Puente Chapa, por su posible responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daños culposos, informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Septién Olivares, quien dijo que podría pasar hasta ocho años en la cárcel.
En este sentido, el magistrado aseguró que Puente Chapa dispone hasta el próximo viernes para que sus abogados defensores interpongan el recurso de apelación; sin embargo, tendrá que pasar casi un año, tiempo necesario para que se desahoguen todas las pruebas y conclusiones y así dictar sentencia.
“El permanece y sigue su proceso en prisión, porque no tiene derecho a fianza por ser un delito grave, y la penalidad, de resultar culpable, sería de ocho años más el pago del daño moral y el resarcimiento de daños y perjuicios”, asevero el magistrado presidente del TSJ.
Al ser cuestionado sobre si el ahora presunto homicida, Puente Chapa, puede quedar en libertad al impugnarse la sentencia, Septién Olivares aseguro que es casi nula la posibilidad de que esto suceda, ya que jurídicamente es casi imposible por los razonamientos que emitió el juez en su autodeterminación, y aunque la sentencia fuera impugnada, la resolución pasaría a revisión ante la sala penal integrada por tres magistrados que tendrán la opción de revocar, modificar o confirmar lo que con anticipación habría sido emitido por el juez competente.
“Si es muy difícil que modifiquen la sentencia, si no esperemos, si es que la recurre, si se inconforma, si no tendría que seguir su juicio normal, agotar el periodo aprobatorio, las conclusiones y esperar la sentencia”.
Sobre la supuesta información surgida de que Puente Chapa habría protagonizado un hecho similar en 1996, y donde habría causado la muerte de un amigo al participar en un accidente automovilístico, el magistrado dijo que en los archivos del Tribunal Superior de Justicia no se cuenta con ningún registro de que el ex funcionario público de la actual administración estatal se haya visto inculpado.