El presidente del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, Calixto de Santiago Silva, reconoció que el Gobierno del estado ha hecho hasta lo último que le corresponde para resolver el caso de la caja popular 30 de Agosto.
El abogado detalló que el colegio brinda asesoría gratuita a más de 40 ciudadanos afectados, explicó que existen dos vías que pueden tomar los defraudados: la primera es iniciar un procedimiento penal para buscar la recuperación de 100% del recurso invertido, aunque adelantó que sería complicado en su totalidad, ya que tendrían que existir los bienes suficientes para su pago e incluso pudiera tardar hasta 3 años la sentencia condenatoria.
La segunda opción es la que ofreció el gobierno del estado para asegurar la entrega con el fideicomiso de al menos 70% de lo que invirtieron, con un tope máximo de 240 mil pesos por cada uno de los afectados. Calixto la resaltó como una de las salidas paulatinas, ágiles y responsables que ofrecieron.
“La oportunidad de 100% pudiera existir en el momento en que haya una sentencia condenatoria y puedan existir bienes suficientes para satisfacer al 100% las obligaciones contraídas por la Caja 30 de Agosto. El gobernador de la entidad ha tenido la respuesta inmediata en este sentido y los ahorradores tendrían que observar si quieren ir a juicio hasta su totalidad, durante dos o incluso tres años, y que probablemente lleguemos a una resolución condenando en su totalidad, pero que no haya bienes suficientes para cubrir los montos que ellos otorgaron a dicha caja”, detalló el presidente del Colegio de Abogados.
Independientemente de ello, aseguró, dicha institución especializada seguirá brindando apoyo a los afectados que se han acercado para dar seguimiento del proceso y coadyuvar con el Ministerio Público para dar con los culpables del desfalco y aplicar acciones correspondientes en contra del consejo de administración correspondiente de la Caja Popular 30 de Agosto.
De Santiago Silva explicó que se deberá dar con todas las pruebas correspondientes con la averiguación previa, situación que implica un tiempo considerablemente largo, debido tanto al proceso técnico, como al procesal.
Al mismo tiempo, señaló que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios (Condusef) debió haber prevenido a los ciudadanos para que no invirtieran su dinero, al no haber estado en la regularidad, por lo que dijo que existe omisión por parte del delegado en Querétaro.
“Existen omisiones de manera directa por parte del delegado del Condusef, quien sabía cuales eran las cajas de ahorro que realmente existían con validez oficial, sin embargo, éste no hizo nada o no alertó de manera directa a los ahorradores para señalar que la caja no tenía los permisos para trabajar de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria”, determinó el abogado.
Refirió que la mayoría de los afectados que han asesorado, decidieron recuperar a la brevedad el recurso del fideicomiso.