Más Información
De acuerdo con información del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por lo menos 10 indígenas provenientes de los municipios de Amealco y Tolimán enfrentan procesos legales, así lo informó el diputado panista, Rosendo Anaya Aguilar.
Sostuvo que estos casos demuestran la importancia de contar con traductores que garanticen procesos judiciales correctos, por lo que recibió el apoyo del presidente del TSJ, magistrado Carlos Septién, para el impulso a la ley de justicia indígena.
“Han referido que si la persona lo pidiera, buscarían la manera de facilitarles algún intérprete, pero es buscar en otro estado y lo que pretendemos es que aquí tengamos para que los puedan defender los casos que se vengan”, señaló Anaya Aguilar.
El diputado de la 57 Legislatura, precisó que aún falta determinar cuál es el presupuesto que se requiere para la contratación de intérpretes en estos casos judiciales.
“Ya hicimos del conocimiento del presidente del tribunal de esta iniciativa de ley, que la vio muy bien y cayó de mucho agrado que estuviéramos presentando esta propuesta, seguramente en los próximos ejercicios que tengamos con él, estaremos tocando puntos como esos”, aseguró.
Anaya Aguilar precisó que no importa el número de procesados indígenas, sino que es necesario contar con una ley que garantice la asistencia de intérpretes que participen en todos los casos.
“Para nosotros es muy claro que esto se viene moviendo en el día a día, porque hoy puede ser esa cantidad, mañana puede ser otra diferente, estamos siempre sujetos a que haya alguna persona que esté enfrentando algún proceso”, mencionó.
Aclaró que no se tienen referencias que los indígenas hayan sufrido abusos en estos procesos, pero sin intérpretes que les ayuden en los casos, siempre se corre el riesgo de que existan irregularidades o atropellos a sus derechos.
“Porque es la propia interpretación de la ley o términos muy técnicos o jurídicos, que vayan a ocasionar que se vaya a desviar la ley”, aseveró el legislador panista.
Aunado a esto, alrededor de 300 mujeres indígenas están presas en penales federales y del fuero común, y recibirán apoyo mediante la revisión de sus expedientes y el ofrecimiento de traductores de lenguas indígenas en sus procesos penales gracias a la campaña emprendida por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
El diputado local Rosendo Anaya avaló el proyecto emprendido por Inmujeres ya que dijo que la iniciativa presentada por él en meses pasados va en ese sentido.
