De acuerdo con pruebas periciales aplicadas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Querétaro, los 31 detenidos en el caso de La Laborcilla, resultaron positivos en los análisis que se les aplicaron para saber si accionaron un arma de fuego el día de los hechos; el juez tiene 11 meses para determinar la situación jurídica de los imputados, a quienes les fue dictado auto de formal prisión, según el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Septién Olivares.
El juez detalló que durante este periodo, el Ministerio Público deberá aportar las pruebas que definan a los sujetos que asesinaron a uno de los jóvenes de La Laborcilla y lesionaron a otro más.
Septién Olivares agregó que entre los 31 indiciados, se encuentra un guatemalteco, mientras que el resto es proveniente del estado de Jalisco; todos ellos se encuentran enfrentando su proceso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San José El Alto.
El juez explicó que son varios los defensores que participan en el proceso de los 31 imputados, y que se desconoce si la empresa de seguridad privada para la que trabajaban se encarga de sus gastos.
El pasado 11 de junio, fueron detenidos los 31 posibles responsables de la muerte de un joven de 18 años y de las lesiones de otro de 16, en un conflicto entre personal de seguridad privada y pobladores del ejido La Laborcilla, en el municipio de El Marqués.
Sobre el hecho, las autoridades han reportado todo el procedimiento legal al que han sido sujetos los sospechosos, sin embargo, no han dado cuenta sobre quién ordenó estas acciones y entregó armas al cuerpo de seguridad, quienes no contaban con permiso para su portación.
Al respecto, Septién Olivares confió en que las investigaciones que la procuraduría estatal realiza den a conocer los detalles pertinentes para detener a los responsables.
“El autor intelectual se dará cuando las investigaciones así lo establezcan”, indicó el presidente del TSJ.