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Durante este año se han iniciado más de ocho mil juicios para determinar la patria potestad de los infantes involucrados en juicios de divorcio, explicó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Manuel Septién Olivares.
En el distrito judicial que comprende los municipios de Corregidora, El Marqués y Querétaro se tiene calculado un total de ocho mil 760 juicios relacionados con el tema de la pérdida de la patria potestad tan sólo en el año 2013, de los cuales aún no se tiene una solución debido a los diferentes conflictos.
“Por lo general van incluidas estas demandas en los juicios de divorcio; se demanda el divorcio y hemos dicho que la principal de las causales es la falta de pago de subsidio de alimentos; implícitamente demandan la pérdida de patria potestad”, afirmó el magistrado.
En los poco más de ocho mil juicios, al menos en 400 casos, que representan 5% del total, la pérdida de custodia de menores es por lesiones o maltrato a los niños, los jueces son los que determinan la pérdida de patria potestad cuando los padres dejan de pagar la llamada pensión alimenticia y no responden a las reiteradas solicitudes que les realizan.
Estos juicios pueden durar entre ocho meses y tres años, dependiendo de la complejidad de la demanda y la falta de pago. El juez es el que determina si los padres son acreedores a la pérdida de la custodia de los menores y la mayoría de las pruebas que se presentan en caso de maltrato dependen de la Procuraduría General de Justicia del estado.
“Estos juicios se radican en el área ordinaria civil. Depende del estado de las pruebas que muchas veces se llevan a cabo a través de exámenes periciales a ambos padres y a los hijos por medio de análisis mentales y físicos. Es así como se desarrollan estos juicios, pero son muy tardados y depende de cada uno de los jueces dar la resolución final”, explicó el magistrado Septién Olivares.
De los más de ocho mil juicios que se han iniciado durante este año tan solo el 1% se han resuelto y la patria potestad de al menos 90 menores se ha resuelto. En estos casos las madres son las que se hacen cargo de los hijos y esperan que los padres cumplan con la pensión alimenticia para evitar ser encarcelados.
En el estado son al menos 250 personas las que han pisado las instalaciones del Centro de Readaptación Social de San José el Alto por no pagar la pensión alimentaria a sus cónyuges. Todos han sido hombres que una vez que cumplen con el pago de la fianza quedan nuevamente en libertad.
